El Gobierno de Gabriel Boric presentó, este martes, su agenda legislativa sobre Derechos Humanos, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 que instauró la dictadura cívico-militar en nuestro país. Lo principal tiene relación con la Comisión Valech.
Son cinco iniciativas que propone el Ejecutivo, entre las que destaca el levantamiento del secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocido como Informe Valech, para quienes desean hacerlo y poner esa información a disposición de los tribunales de justicia.
El gobierno se ha referido a levantar “de manera parcial” la moratoria de secreto por 50 años sobre los testimonios que se entregaron en dicha comisión que entregó los primeros antecedentes oficiales sobre la prisión política y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet.
“Habilitar la posibilidad de que quienes hayan presentado su testimonio a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, o sus descendientes, puedan solicitar el levantamiento de la moratoria respecto de su caso”, especificaron desde el gobierno.
“Resguardar la voluntad de aquellas víctimas que hayan presentado su testimonio a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, habilitando el acceso de los Tribunales de Justicia a testimonios específicos”, añadieron.
Además del Informe Valech, las otras iniciativas que presentará el gobierno en el marco de la conmemoración de los 50 años serán establecer la calificación jurídica de “ausente por desaparición forzada”, lo que deberá registrarse en toda la administración del Estado; también se tipificarán los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal.
Otra de las medidas es la creación de la Política Nacional de Memoria y Patrimonio y la eliminación del carácter secreto, reservado o de circulación restringida de un conjunto de leyes que fueron dictadas durante la dictadura bajo el nombre de “leyes secretas”.
Punta Peuco
Sobre un eventual cierre de la cárcel de Punta Peuco, o cambios en el penal que actualmente acoge principalmente a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, dijo que una decisión en esa dirección se tomará en el marco del Plan Nacional Penitenciario.
“Un grupo de parlamentarios se reunió con el ministro Cordero, se le realizó la consulta y señaló que las decisiones que se adopten en la materia van a estar enmarcadas dentro del Plan Nacional Penitenciario dentro de las necesidades penitenciarias que existen en nuestro país”, explicó.
El propio Presidente, Gabriel Boric, ha dicho que esas son decisiones que no se anuncian, sino que solo “se hacen”.
