El Gobierno valoró el nuevo instructivo de prescindencia electoral emitido por la Contraloría de cara a las próximas elecciones municipales del 23 de octubre.
El dictamen mantiene la prohibición a los funcionarios de Gobierno y municipios de realizar actividades de campaña durante sus jornadas de trabajo y limita el uso de recursos públicos para fines exclusivamente institucionales. Por otro lado instruye actuar con ecuanimidad a la hora de cursar invitaciones a actos e impide la entrega de regalos con fondos municipales, mencionando como ejemplo los chalecos reflectantes.
El rol de la contraloría es evitar que se incurra en prácticas en que la prescindencia que deben tener los entes públicos sea vulnerada. Nos parece positivo el instructivo porque fija las reglas en el contexto electoral
El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, recordó que emitir estos instructivos constituyen una práctica "bastante habitual" de la Contraloría en la antesala de las elecciones, los que "fijan el marco de lo que tiene que ser la prescindencia total del gobierno, del gobierno regional, de los municipios en el proceso electoral".
"Desde esa perspectiva nos parece que contribuye a que todos tengamos claras cuáles son las reglas del juego, cuáles son los límites, qué es lo que se entiende debe ser la función del Gobierno, particularmente en tiempos electorales -de los municipios también- y yo espero un acatamiento como corresponde a esa instrucción", agregó.
Díaz remarcó que "vamos a procesar cada una e las normas, vamos a ver si eso se traduce también en instrucciones complementarias por parte del gobierno, pero evidentemente a todos nos debe interesar que los procesos electorales se desarrollen con el máximo de transparencia, normalidad y sin intervención indebida".
Una de las novedades del instructivo es que introduce regulaciones en cuanto al uso de las cuentas de redes sociales, ejemplificando que el Twitter municipal no podrá utilizarse para fines proselitistas.
Una indicación que el Gobierno estimó como correcta, pues "las cuentas de redes sociales de las instituciones públicas -gobierno, municipios- le pertenecen a la institución público y no a quien las utiliza".
"Si yo quiero expresar mi opinión personal sobre un tema, tengo mi propia cuenta de Twitter, lo puedo hacer por ahí, no tengo ninguna razón que pueda justificar que use la cuenta institucional de un ministerio, de un servicio público, o un municipio. Me parece que es una instrucción lógica y que debe ser acatada por todos", agregó.
