El Gobierno de Gabriel Boric descartó recurrir al Tribunal Constitucional (TC) o presentar un veto para modificar la ley que sanciona el porte injustificado de combustible en reuniones en lugares públicos.
El Ejecutivo había hecho reserva de constitucionalidad de la propuesta, luego que el Senado modificara algunos aspectos esenciales de la norma, como castigar con pena de cárcel (desde 61 a 540 días), en lugar de la multa de entre 10 y 20 UTM que proponía el Ejecutivo.
“Este proyecto tuvo una modificación bastante importante en su tramitación, por eso éramos partidarios de ir a una comisión mixta para buscar una solución más equilibrada. No fue así, se decidió no ir a una mixta y, por tanto, el proyecto queda despachado”, explicó la ministra Tohá.
“Las informaciones que han señalado que el Ejecutivo va a ir al Tribunal Constitucional no tiene ninguna fuente fidedigna. Es cierto que hizo reserva de constitucionalidad en distintas etapas del proceso, pero nunca ha dicho que se va a ir al TC y no se va a ir al Tribunal Constitucional”, enfatizó.
La ley sobre porte injustificado de combustible en manifestaciones formaba parte de la agenda de seguridad acordada entre el Congreso y el Gobierno de Gabriel Boric, y fue propuesta por el mismo Ejecutivo, recibió indicaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados, que fueron las que finalmente dieron forma al proyecto despachado.
La norma tuvo el respaldo de toda la oposición y también algunos diputados representantes del oficialismo. Alexis Sepulveda (Partido Radical), Luis Malla (Partido Liberal), Raúl Soto (PPD) y Héctor Ulloa (Ind-PPD), dieron sus votos para la aprobación de la norma.
