El gobierno descartó entregar su respaldo a un proyecto de diputados de la oposición que busca sancionar con penas de hasta presidio menor en su grado medio a máximo a quienes entreguen datos de diligencias en casos de investigaciones reservadas sobre delitos terroristas. Junto con esto fija multas de hasta 30 UTM al director de un medio que publique dicha información.
Según consignó hoy El Mostrador la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó la idea de legislar la moción, que fue patrocinada por los diputados de RN Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, René Manuel García, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat, además de la UDI Claudia Nogueira.
El texto señala que “las diligencias de la investigación tendrán carácter reservado y sólo podrán tener acceso a ellas, con omisión de la identidad de quienes las practiquen, los intervinientes una vez que la misma se formalice".
"La infracción del deber de reserva de esta u otra disposición de la presente ley, será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales”, agrega la moción parlamentaria.
En medio del revuelo por la publicación, el ministro de Interior Jorge Burgos salió a aclarar que "nosotros no le vamos a poner urgencia a esa moción".
"Vamos a tener el mayor respeto como con todas las mociones para analizarla en sede de la discusión que está en el Senado, pero no está en el proyecto del ejecutivo y lo que nos interesa a nosotros es convencer a los parlamentarios de que nuestro proyecto es un buen proyecto es terminar con una ley especial, establecer el delito de organización terrorista, delitos bases, con nuevas atribuciones de fiscalización o de investigación siempre bajo el control y decisión de los tribunales. Pero ninguna de las consideraciones que se han hecho tienen que ver con nuestra moción", remarcó.
La aprobación de la idea de legislar esta moción de diputados de la oposición surge tras la polémica por la norma anti filtraciones aprobada por el Senado, en el marco de la agenda corta antidelincuencia.
Luego del rechazo del Colegio de Periodistas, la Asociación de Prensa y fiscales, la normativa se modificó para dejar en claro los tipos de actores que serán sancionados en caso de vulnerar la reserva de investigaciones, excluyendo a la prensa.
