El gobierno descartó referirse a los nuevos antecedentes que vinculan a la empresa de Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios, con la campaña presidencial de Michelle Bachelet.
Esto luego que T13 publicara que la firma del operador político PPD registra en su contabilidad dos préstamos por un total de $48 millones a SOMAE, firma creada en 2013 para administrar el comando de la Nueva Mayoría.
Consultado sobre la relación de Martelli con la campaña y si tienen la certeza de que estos dineros no estén involucrados en la denominada arista SQM, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, recordó que "esto se encuentra en una investigación del Ministerio Público".
"Reitero lo que he dicho todos estos días: no nos vamos a dedicar a comentar cada una de las actuaciones y hechos que ocurran en el marco de esa investigación, y entendemos que esa es precisamente la responsabilidad del Ministerio Público", enfatizó.
Díaz remarcó que "en Chile las instituciones funcionan, hay una investigación ante el Ministerio Público a la que todos estamos obligados a prestar colaboración. Eso es lo que ha ocurrido, y que da cuenta de la sanidad institucional de Chile".
"Estos mismos hechos probablemente están siendo objeto hoy día de investigación por parte del Ministerio Público, y creo que tenemos que tener tranquilidad que el Ministerio Público está cumpliendo su función, y una vez que concluya su investigación y se den los siguientes pasos en el mismo proceso, todas estas dudas e inquietudes que se han planteado van a ser resueltas por quien corresponde, que es el Ministerio Público", agregó.
Respecto de los dichos de Bachelet en entrevista a El País en relación al caso Caval, y si esto implicaría un desmarque definitivo del ex ministro Rodrigo Peñailillo, Díaz enfatizó que "lo que ella ha dicho es que no tuvo la información suficiente para haber tomado las decisiones que correspondía".
"Los chilenos no quieren que las manifestaciones se transformen en hechos que generen destrozos"
El ministro, además, condenó los hechos de violencia generados durante la marcha convocada por la ACES, en el centro de Santiago. Díaz recordó que se trató de una manifestación que no estaba autorizada.
"Nosotros no solamente entendemos, sino que respetamos el derecho de los ciudadanos a expresar sus puntos de vista...pero al mismo tiempo, los chilenos no quieren ver hechos como los que estamos viendo en la Alameda, los chilenos no quieren que las manifestaciones se transformen en hechos que generen destrozos y perturbación de la vida de los demás ciudadanos", dijo.
En este contexto, el portavoz del Ejecutivo hizo hincapié en que el gobierno "tiene el deber de resguardar el derecho de los que no se manifiestan y de preservar el orden público".
