El gobierno salió a defender su decisión de contratar a la empresa Porta S.A., para realizar la campaña comunicacional del Censo 2017, en medio de la polémica generada luego de que se diera a conocer que uno de los socios de la empresa es Juan Pablo Hermosilla, el abogado de la Presidenta Michelle Bachelet en el marco de la querella contra la revista Qué Pasa.
De acuerdo con un reportaje publicado por Pulso, la licitación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para la campaña comunicacional se la adjudicó Porta S.A. por $800 millones.
Sin embargo, desde el gobierno descartan que se trate de un conflicto de interés y aseguran que se realizó bajo la "legislación vigente".
"Las acciones realizadas por las distintas entidades para poder llevar adelante su trabajo se hacen en el marco de la legislación vigente. Cualquier solicitud de información, cualquier solicitud de detalles de cómo se llevan adelante estas contrataciones están disponibles a través de los distintos procesos de Transparencia Pública, que rigen al gobierno de Chile", aseguró este martes la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez.
En esa misma línea, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes señaló que "esto fue una licitación pública donde hubo una evaluación técnica y económica respeto de la propuesta, respecto una empresa que está y que también ha operado en otros gobiernos".
De hecho, este mismo gobierno ya había operado con Porta en años anteriores. En 2014 la empresa mantenía relación con el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno luego de que se le adjudicara la "contratación de servicios de campañas comunicacionales y servicios de asesorías creativas".
Además del nexo de Hermosilla con la empresa, el reportaje de Pulso también señala que en Porta S.A. "hasta hace un año el director creativo general era José Miguel Carcavilla, uno de los principales realizadores de la campaña presidencial de la actual mandataria".
