La ministra del Interior, Izkia Siches, descartó presentar una nueva querella en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, luego que se conocieran antiguos dichos del líder de la organización, en los que reconocía que eran parte del robo de madera en la región de La Araucanía.
“El Ministerio Público tiene una serie de querellas acumuladas y tiene todas las potestades para perseguir los delitos que él mismo se atribuye. Quiero dejar en claro que perseguimos todos los delitos y no hacemos diferencias con las que emiten declaraciones de esta naturaleza”, enfatizó Siches en conversación con T13 Central.
Pese a que la titular de Interior descartó presentar nuevas querellas, e insistió en que lo que hacen es ampliar querellas ya presentadas en contra de Llaitul, enfatizó en que “los criterios de la querella son lo suficientemente amplios para darle las potestades al Ministerio Público para perseguir los delitos”.
El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, se refirió a los dichos de Siches en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.
Sobre esto, el gobernador afirmó que "lo primero que diría es que para mí la confesión de que están robando madera para comprar armas y balas es nueva. Si bien entre muchas personas, entre ellas yo, lo hemos denunciado, jamás lo había escuchado de una comunicación que naciera desde el seno del grupo que lidera el señor Llaitul".
"Y reitero. Esta fue una reunión que ocurrió en la capital, en la Región Metropolitana. En esa reunión hubo control de acceso. La grabación de ese video pertenece al seno, al corazón de esa organización. Por lo tanto, ellos están dispuestas a difundirla", agregó.
"¿Con qué objeto? En mi interpretación, el objeto es nuevamente sentar un precedente de que ellos son impunes y que hacen lo que estiman pertinente. Yo no puedo sino que condenar eso", indicó.
"Como soy un demócrata, y como creo que tiene que actuar el Estado de derecho, lo que sostengo es que el Gobierno a través del Ministerio del Interior, que lidera la ministra Siches, debe ejercer las acciones del caso, que es un hecho nuevo", aseveró.
"En segundo lugar, creo que también el Ministerio Público de oficio, también debe ejercer sus atribuciones. ¿Por qué sostengo esto? Porque hace 15 días, la ministra vocero de la Corte Suprema dice que ambas instituciones, Ministerio del Interior y Ministerio Público, pueden tener acción con respecto de la ley de seguridad del Estado", afirmó.
Rol del Servicio de Impuestos Internos
El gobernador también se refirió al rol del Servicio de Impuestos Internos en este conflicto.
"Ante la confesión del señor Llaitul, difundida por su gente, de que están robando maderas para comprar balas y armas, yo también he hecho un emplazamiento en horas de la mañana que el Servicio de Impuestos internos haga su trabajo", comentó.
"Un medio radial de la región, radio Biobío, ha hecho una investigación en profundidad a través de su unidad de reportajes, y este medio da cuenta de algo que dije en Tolerancia Cero hace 90 días. Es que el Servicio de Impuestos Internos, desde que se levantaron indagaciones para poder sancionar a quienes estaban robando madera, ha dejado de hacer este trabajo o lo que ha hecho no ha sido efectivo", indicó.
"En el Servicio de Impuestos Internos no se están presentando estas querellas particulares del caso, que son los que habilitan luego al Ministerio Público a poder perseguir el curso del dinero", afirmó.
"Seamos súper responsables, el señor Llaitul no es el gran empresario que está moviendo el dinero, es un parte de la cadena, él y otras personas que actúan en su lógica. Son una especie de controladores territoriales, algo así como lo que hacía las FARC cuando trabajaban para las organizaciones de tráfico de droga. Era una parte, un eslabón, que ofrecían protección territorial en un sector", comentó.
"Pero aquí tiene que haber personas de cuello y corbata que no deben vivir seguramente acá, probablemente en la capital, que tienen que ver con esto", aseveró.
"Entonces lo que uno dice es que el Servicio de Impuestos Internos es parte del Estado de Chile, y siendo parte del Estado de Chile, su deber es actuar con toda la diligencia frente a un ilícito que, por un lado, se estiman movimientos sobre los 100 millones de dólares, lo que significa que una fracción de ese dinero va destinado a comprar armas y balas para dispararle a la gente que vive en mi región", finalizó.
