La Contraloría rechazó, por considerar inconstitucional, el decreto 249 presentado por el Ejecutivo que buscaba permitir el despliegue de personal de Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur para ayudar en labores de control de orden público.
El organismo regulador determinó que, de acuerdo a la Constitución, dichas funciones "están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigación".
Luego del rechazo de Contraloría al decreto, el gobierno salió a dar explicaciones. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que “nadie está pidiendo que los medios destinados para la guerra de las Fuerzas Armadas se desplieguen en el combate contra el narcotráfico, ese no es el objetivo de esto".
En esa misma línea, recalcó que "las Fuerzas Armadas tiene muchísimos medios distintos de lo propiamente bélicos".
”Queremos que las Fuerzas Armadas cumplan labores policiales, no y tajantemente, no. Ahora, ¿queremos que los medios de las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en el cumplimiento de la función del Estado de proveer del bien público de seguridad a los ciudadanos, sí, tajantemente sí”, sentenció la autoridad.
Del mismo modo, informó que “estamos evaluando si es que es posible corregir aquellas observaciones que hizo la Contraloría. Nosotros creemos que el decreto era plenamente constitucional y por lo tanto vamos a ver todos los caminos que sean necesarios".
