El Presidente Gabriel Boric firmará el Acuerdo de Escazú este viernes, una iniciativa que busca garantizar el acceso de diversos derechos ambientales y que se había encontrado con el rechazo de la administración del ex mandatario Sebastián Piñera.
La noticia fue confirmada por el ministro de Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson. "Es una señal importante, es generar condiciones para que problemas ambientales se puedan resolver con la comunidad. Es una señal potente para las nuevas generaciones", afirmó el secretario de Estado.
El texto, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, es oficialmente llamado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Se trata del primer acuerdo regional ambiental de Latinoamérica y el Caribe y es el primero en el planeta que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
De acuerdo a lo publicado por Unicef, el Acuerdo de Escazú es una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos, pues busca garantizar acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
En esa misma línea, destacan que establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental, que las personas pueden ser consultadas en los proceso de toma de decisiones ambientales, que puede acudir a la justicia para casos de afectación al medio ambiente y que promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
La firma del Acuerdo de Escazú era uno de los compromisos de campaña del Presidente Gabriel Boric.
¿Por qué el Gobierno de Piñera se negó a firmar el Acuerdo de Escazú?
En diversas oportunidades, la segunda administración del Presidente Sebasitán Piñera rechazó firmar el Acuerdo de Escazú.
En septiembre de 2020, los entonces ministros de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand; y Medio Ambiente, Carolina Schmidt, entregaron sus argumentos para negarse a sumarse a las firmas.
"El problema de Escazú no está en las temáticas que aborda, el problema no está en el acceso a la información, no está en la participación ciudadana ni en la justicia. El problema está en la forma en que quedó escrito el texto final, la ambigüedad y la amplitud en que quedó", sostuvo en dicha oportunidad la ministra de Medio Ambiente.
Carolina Schmidt agregó que "apoyamos la institucionalidad de nuestro país, la independencia y la seriedad de nuestros tribunales y la decisión soberana del Estado de Chile que establece que la firma de cualquier tratado internacional es de facultad exclusiva del Presidente de la República quien por sobre los intereses sectoriales, políticos o partidistas, debe cautelar el interés nacional y la soberanía de nuestro país".
Por su parte, Andrés Allamand sostuvo que "es inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna", alegando una "creciente judicialización de los procedimientos ambientales".
Tal postura sería, meses después, ratificada por la ministra de Medio Ambiente en diálogo con Tele13 Radio, donde afirmó que el firmar el Acuerdo de Escazú generaría "una incertidumbre jurídica, porque es un tratado que es supralegislativo".
