El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, asistió este lunes a la comisión investigadora por la eventual malversación de fondos en el Ejército con dinero proveniente de la Ley Reservada del Cobre, caso también conocido como “Milicogate”.
La apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre habría ocurrido entre 2011 y 2014, y el caso está siendo investigado por la Justicia Militar y Civil. El fraude se habría realizado a través de facturas falsas por servicios que jamás se realizaron.
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En la sesión, el contralor detalló tres causas “que son evidentemente el caldo de cultivo para que se produzcan estos fenómenos”:
- “El desorden administrativo: ha sido frecuente por parte de nuestros fiscalizadores (notar) el desorden que existe en algunas de las instituciones. No existe un archivo correcto de la documentación, hay documentación incorrecta o faltante, mal organizada, en bodegas que no existen o están desordenadas. Hay cuestiones tan domésticas como bodegas donde no pueden encontrarse los papeles”, aseguró Bermúdez.
- “La capacidad operativa o de control que tienen las propias entidades con sus centros de compras o adquisiciones: En primer lugar, nos encontramos con una oficialidad que rota permanentemente, por lo que no tiene tiempo de compenetrarse en sus funciones. Pero, por contrapartida, hay un cuadro permanente que está un largo periodo de tiempo en ese tipo de unidades”, continuó el abogado.
- “La facultad que tienen los comandantes en jefe de estructurar orgánicamente estas instituciones: (Hemos realizado) fiscalizaciones a determinadas unidades que al año siguiente, cuando se va a hacer el seguimiento, ya no existen, por lo tanto no hay un interlocutor válido para el fiscalizador. Entonces esa capacidad de organización que le da mucha flexibilidad al comandante en jefe, le juega en contra a la fiscalización”, finalizó.
El contralor señaló que hay una serie de falencias en los mecanismos de control a las instituciones militares, en esa línea, precisó que hay “insuficiencia de revisión” por parte de la Contraloría interna, “probablemente por la magnitud de las adquisiciones de bienes y servicios, y el poco personal que existe para realizarlo”.
“También hay insuficiencia en la segunda línea de control, la Subsecretaría para las FF.AA.”, agregó.
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Por otro lado, recomendó la creación de un código de ética para la institución y destacó que la prescripción de este tipo de delitos (en el Ejército, donde es de 2 años) “contrasta mucho con el resto de la administración, donde son 4 años”.
Una de sus críticas más duras fue que “cada vez que hay visos de irregularidad, súbitamente se agilizan los procesos de retiro. El retiro es una causal de exención de responsabilidad administrativa, lo que hace que cualquier medida, como un sumario o una sanción no es posible de hacer efectiva”.
Bermúdez adelantó que este año se hará una auditoria al Ejército de carácter prioritario y nacional, que comienza en abril, así como también una auditoría a las adquisiciones en Carabineros.
