La fiscalía formalizó como persona jurídica a la empresa Corpesca, controlada por el Grupo Angelini, en el marco de la investigación por los presuntos pagos que habría cursado el ex gerente de la firma, Francisco Mujica, a la ex diputada Marta Isasi y el senador desaforado Jaime Orpis, durante la tramitación de la ley de pesca.
En concreto, el Ministerio Público acusa a Corpesca -como persona jurídica- de no haber adoptado los protocolos para evitar el delito de soborno presuntamente cometido por Mujica por los casos de Isasi -por $55 millones- y de Orpis por $176 millones, desde enero de 2010 hasta 2013. Para efectos de esta formalización no se consideraron los pagos efectuados antes de diciembre de 2009, pues en ese entonces aún no estaba promulgada la Ley 20.393 que determina la responsabilidad de las personas jurídicas.
Durante la audiencia debió comparecer el representante legal de la firma, Arturo Natho Gamboa.
El nuevo fiscal del caso, Julio Contardo, comentó que "es un paso más dentro de la indagación, estaba dentro de las pretensiones del Ministerio Público formalizar a la empresa Corpesca S.A por su responsabilidad en los ilícitos".
El persecutor detalló que, de cara a un juicio oral, la firma podría arriesgar desde multas hasta su disolución. "Dentro de las sanciones de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas va desde la multa hasta la disolución, pasando por la pérdida de determinados beneficios o la imposibilidad de celebrar contratos con el Estado. Eso va a depender de la imputación que se haga en el libelo acusatorio", explicó.
Los descargos de Corpesca
Tras la formalización Corpesca enfatizó que el objetivo de la audiencia fue notificarlos de la investigación donde se busca determinar si se tomaron con las medidas de prevención requeridas por la Ley 20.393 en la época en que sucedieron los hechos por los que se imputa el ex gerente de la firma, Francisco Mujica.
En este sentido, desde la pesquera aseguraron haber aportado al Ministerio Público "los antecedentes que demuestran que sí contaba con dichas medidas y, por ende, daba cumplimiento a lo dispuesto" por la ley la Ley 20.393.
"Del mismo modo, ha prestado toda la colaboración para el esclarecimiento de estos hechos de público conocimiento, respecto de los cuales la empresa como tal es absolutamente ajena, por lo cual espera ejercer su derecho de defensa oportunamente", agregaron.
