El diputado Raúl Alarcón, conocido popularmente como “Florcita Motuda”, ha sido criticado en los últimos días producto de sus dichos en favor de la demanda boliviana.
“Lo que pide Bolivia es muy poco, es muy poco al lado de todo lo que perdió. Yo recomiendo ponerse al revés, imaginarse que (…) perdimos todo ese territorio con todas las riquezas que eso significa. Al lado de eso, es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos. Yo estoy con ellos”, señaló el diputado en entrevista con The Clinic.
En similar situación del RD (Revolución Democrática) Pablo Vidal, que aseguró que "la mediterraneidad de Bolivia va a tener que ser solucionada en algún momento" y pidió una instancia de diálogo con el país vecino.
Dos leyes abordan el tema
Tras viralizarse sus frases, en redes sociales comenzó a circular un supuesto fragmento de la Constitución en que se trata el tema. El texto es en realidad el artículo primero de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que apunta a que estas afirmaciones podrían obligar al parlamentario a dejar su cargo.
Allí se señala como un delito el propiciar de palabra o por otro medio "la incorporación de todo o parte del territorio nacional a un Estado extranjero".
Sin embargo, la Constitución sí hace alusión -aunque de manera menos directa- a este tipo de situaciones, ya que en su artículo 60 dice que perderán su cargo de parlamentario aquellos diputados o senadores que "de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación".
Abogado constitucionalista: Florcita fue "impertinente"
T13.cl se contactó con Álvaro Tejos, abogado experto en derecho constitucional y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien aclaró si efectivamente Florcita Motuda podría perder su cargo.
“Desde el punto de vista criminal o jurídico, las declaraciones del señor 'Motuda', son impertinentes”, señala el abogado, agregando que “él expresa un punto de vista que es disidente o discordante con una política de Estado, lo cual es perfectamente legítimo o razonable dentro de un régimen democrático de libertad”.
Sin embargo, el abogado puntualiza que el diputado “es un representante de la nación soberana, por lo tanto de alguna manera sus declaraciones deben coincidir con el proyecto de política de Estado que se diseña”.
Por su parte, “Florcita Motuda” dice representar las opiniones de sus electores.
Ante aquello, Tejos comenta que “cuando él es elegido como representante del pueblo, él se transforma en un delegatario de la soberanía nacional y (ésta) exige que el representante se desvincule de la porción o facción (que representa) y se incorpore a la identidad total”.
¿Puede haber sanciones para “Motuda”?
Álvaro Tejos descarta que pudiesen existir sanciones para el diputado. Sin embargo, apunta que Raúl Alarcón "ha sido sometido al escrutinio de la opinión pública, que es la que controla el poder".
En ese sentido, el abogado enfatiza que “el pueblo tiene derecho a exigirle una explicación (...) él tampoco está autorizado a dar todo tipo de opiniones y creerse que está inmune”
Y puntualiza: “si eventualmente él hubiera ido mucho más allá, se podría haber entendido que era un ilícito”.
Sin embargo, no alcanza para convertirse en un ilícito, producto de la liviandad con que el diputado se refirió al tema.
¿Cuáles son los pasos a seguir?
Por lo pronto, el abogado comenta que lo ideal sería que el diputado saliera a explicar “muy fundada y razonadamente” cuál es la razón por la que está dispuesto a dar mar con salida soberana a Bolivia.
En ese sentido, comenta que debería detallar “bajo qué condiciones, en qué lugar; ser preciso y mucho más serio y taxativo en su propuesta”.
Él podría hacerlo voluntariamente, pero el pueblo también le puede requerir; sus electores, la ciudadanía, la prensa, todos quienes le ejercen medidas de control al ejercicio del poder politico.
“Porque como representante del ciudadano, y siendo un depositario de la soberanía nacional, el Estado le exige a él que, desde el punto de vista político, haga una coincidencia con los intereses generales”, concluye.
