A contrareloj los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena -encargados del caso Penta- afinaron hoy los detalles del documento con que el Ministerio Público apeló al fallo del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, que resolvió el miércoles pasado decretar la medida cautelar de firma quincenal y arraigo nacional contra el ex ministro y ex candidato presidencial, Laurence Golborne, formalizado ese día por delitos tributarios.
Los fiscales -que durante buena parte de este lunes estuvieron en la audiencia de formalización de los controladores de la firma Rodríguez & Asociados, por presunta estafa piramidal- llegaron cerca de las 14 horas a la Fiscalía de Alta Complejidad para alistar el documento, cuyo plazo de presentación vencía hoy. Según dijeron en el Ministerio Público a T13, el texto ya fue ingresado.
El fallo del magistrado Juan Carlos Valdés supuso un revés para la fiscalía, que solicitaba decretar la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional en contra del ex ministro. En el rechazo del tribunal a la petición del Ministerio Público resultó clave su estimación de que a Golborne le asistía la atenuante de colaboración sustancial, a diferencia de lo que pensaba la Fiscalía, que incluso lo acusó de "mentir" en su testimonio.
A diferencia de los persecutores, el juez resolvió que si bien los antecedentes entregados en su primera declaración podían resultar "parciales" contrastaban con la actitud que habían tomado otros imputados del caso Penta.
Es este punto el que buscarán refutar los fiscales en su apelación. En Tele13 Radio, el jefe de la Fiscalía Regional Oriente, Manuel Guerra, dijo el jueves pasado no compartir el criterio del magistrado, pues "normalmente la jurisprudencia para tener por acreditada esa circunstancia exige estándares mas altos, es lo que hemos sustentado y lo seguiremos haciendo".
Por otro lado, planteó que "nos parece delicado que una persona que aspiraba a la primera magistratura de la Nación, que había sido ministro de Estado, el que abandonó en noviembre su cargo y ya en diciembre teníamos las primeras facturas falsas, haya utilizado como mecanismo de financiamiento la realización de delitos tributarios. Eso es gravísimo".
Según el Ministerio Público, Penta pagó $120 millones a Vox Comunicaciones, justificados con facturas por trabajos no realizados para el holding fundado por Carlos Délano y Carlos Lavín, montos que fueron a parar a la candidatura de Golborne.
Además de los $120 millones aportados por Penta, la Fiscalía también formalizó a Golborne por montos ligados a otras empresas, agregando casi $260 millones más, lo que arroja un total de $378 millones. Entre este grupo se encuentra Ripley, BCI, Inversiones Caburga, CAP S.A., Watts, Inmobiliaria Ecomac, Inversiones Paso Nevado, Inversiones Longovilo e Inversiones Santa Virginia.
