Una estación de servicio en Brasil fue el punto de partida para la explosión del caso Lava Jato, una red de corrupción que involucraría directa o indirectamente a cerca de 200 políticos de ese país. Además, las implicancias traspasarían las fronteras a lo menos 14 países.
La red tiene una arista vinculada a la constructora Odebrecht y otra con OAS. Esta última, investigada en Chile por la presunta donación de un avión a la campaña de Marco Enríquez-Ominami. Además, una investigación periodística mencionó un pago en efectivo a la campaña de la ahora Presidenta Michelle Bachelet.
En el marco de estas investigaciones fue que el fiscal nacional Jorge Abbott se dirigió a Brasil durante la semana pasada y suscribió un acuerdo de colaboración con procuradores de otros países.
En esa línea, es que por ejemplo, la fiscal de alta complejidad, Ximena Chong, podrá solicitar el acceso a diligencias como declaraciones de testigos e imputados para lograr esclarecer las indagatorias que le están encargadas en Chile por la campaña de Marco Enríquez-Ominami.
Consultado por T13 sobre si se seguirán las diligencias incluso si la investigación arroja el nombre de Michelle Bachelet, el fiscal Abbott dijo que "absolutamente. Si hay algo que los Ministerios Públicos presentes en la reunión tenemos claro es nuestra total autonomía respecto de los otros poderes del Estado. Nuestra obligación de investigar a todas las personas".
