La Fiscalía solicitó el desafuero del gobernador de la Región del Ñuble y candidato a reelección, Óscar Crisóstomo, por un eventual cohecho entre particulares, sin embargo, desde el ente persecutor confirmaron que investigan otros delitos.
Según información de Mega, a raíz de la investigación, derivaron antecedentes al Servicio Electoral (Servel).
“Hay otra arista que tiene que ver con eventuales delitos electorales, donde el Servel es la institución que tiene la legitimación activa. Nosotros le informamos a ellos eventualmente la configuración de delitos electorales, pero ellos no han formulado denuncia ni querella sobre el caso”, dijo el fiscal Sergio Pérez.
La defensa liderada por Enrique Aldunate declaró que "si es que plantearon los antecedentes al Servicio Electoral, y el Servicio Electoral aún no se querella, es porque no tiene ningún sustento”.
En el 2021, el Servel también recibió una denuncia por supuesto fraude en los gastos de campaña de Óscar Crisóstomo, sin embargo, respondieron que no se detectaron “nuevos antecedentes que permitan invalidad la resolución que aprobó la rendición de ingresos y gastos del candidato”.
Gobernador de Ñuble es investigado por cohecho
Óscar Crisóstomo es acusado por la Fiscalía del delito de “cohecho entre particulares”.
“Desde el inicio de nuestra querella, nosotros venimos dando cuenta de hechos ilícitos que ha cometido esta persona cuando ejerció el cargo de delegado provincial del Serviu, hechos ilícitos que cometió como funcionario público y luego en su faceta privada”, comenta uno de los abogados querellantes, Juan Pablo González.
El Ministerio Público busca desaforar al gobernador de Ñuble por hechos que ocurrieron tras el fin de su cargo como delegado del Serviu en Ñuble.
Crisóstomo formó la empresa “Inmobiliaria Pullay” y habría firmado un contrato ilícito con Acoge Asesorías.
Posteriormente, el actual gobernador firmó un contrato con Firenze, quien sería la encargada de realizar proyectos habitacionales de 17 familias asistidas por Acoge.
Según el fiscal Sergio Pérez, este acuerdo transgrede la “libertad de contratación” de los beneficiarios. "Esta libertad se limita cuando el que tiene que exhibirle las distintas inmobiliarias, llega a acuerdo con una y recibe una contraprestación económica por eso y se compromete a hacer todo lo necesario para que su cliente los contrate a ellos y eso es delito de corrupción entre particulares”, afirmó.
