Tras los dos años que han transcurrido desde que estalló el caso Caval, el Fiscal a cargo de la investigación, Sergio Moya, indicó que la información que guardaba Sebatián Dávalos en su computador "jamás fue borrada, y que este punto creo una tremenda confusión".
En declaraciones entregadas al diario El Mercurio, el persecutor afirmó que "cuando Dávalos se retira de La Moneda lo que él pide es bloquear el usuario y la clave. ¿Para qué? Para que nadie ingresara a su sesión del computador y pudiese, según él, agregarle información o enviar correos a su nombre".
También indicó que Carabineros y la Policía de Investigaciones corroboraron que solo se eliminó la cuenta de usuario para que nadie ingresara y agregara más información.
Esto, luego de que el año 2015, el OS-9 de Carabineros, indara que el computador "tenía información eliminada" y que "fue imposible acceder a ciertos archivos recuperados".
El próximo 17 de marzo, el Juzgado de Garantía de Rancagua decidirá si esta investigación llega a termino, lo que conlleva pasar a la siguiente etapa que consise en dictar acusación a los 13 imputados.
La condena que arriesgan quienes estén involucrados en el caso, es de 61 días a 15 años de presidio. Las causas de las acusaciones están entre delitos de cohecho, soborno, declaraciones maliciosamente falsas o incompletas, omisión maliciosamente incompleta o falsa, facilitación de facturas falsas, otorgar ventajas indebidas del síndico y la responsabilidad jurídica de Caval.
La pareja de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, es quien hace la diferencia arriesgando una condena por el delito de sus declaraciones maliciosamente falsas o incompletas usando facturas falsas, por lo que podría enfrentar una pena que va desde los tres años y un día hasta los 10 años.
Otros de los involucrados es Mauricio Valero, quien fue socio de Caval y se le acusa por delito de soborno, arriesgando una pena de tres a diez años de cárcel.
En tanto, Herman Chadwick, quien ejercía como sindico de quiebra fue acusado por obtener ventajas indebidas, arriesga tres años y un día. Esto, sin considerar la omisión maliciosa de declaración.
Para terminar, Cintia Ross, la arquitecta que trabajó en Machalí, quien realizó gestiones para cambio de uso de suelo, es acusada del delito de cohecho, enfrentando penas que va desde los tres años y un día hasta los 10 años.
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