La decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de optar por la vía de las multas y no la penal en los casos de financiamiento irregular de la política, encontró una dura respuesta por parte del Ministerio Público, que lamentó la decisión, aunque reconoció estar de manos atadas.
"Lo que vamos a hacer para utilizar eficientemente los recursos y no mantener abiertas investigaciones que no tienen destino por ahora, es no perseverar, lo que no significa que se extinga la responsabilidad penal. Es posible que en el futuro sea posible que el SII presente la denuncia o la querella y nosotros tengamos que reabrir la investigación", dijo el Fiscal nacional, Jorge Abbott.
El persecutor destacó, en todo caso, que siguen adelante "las investigaciones respecto del financiamiento de la política de aquellos hechos en los que el Servicio de Impuestos Internos ha presentado una querella".
Abbott subrayó que "hubiese esperado una repuesta distinta del SII" y que esta decisión por parte del Servicio de no querellarse o denunciar esos hechos, "nos pone una barrera legalmente infranqueable".
Asimismo, criticó que el SII no se haya pronunciado respecto de los oficios relacionados que le envió su repartición y que haya optado por seguir la vía ante los tribunales tributarios, lamentando que no sea el Ministerio Público el encargado de iniciar los procesos.
"Depende del SII el inicio de las investigaciones de carácter penal con respecto a los delitos tributarios. Respetamos esta facultad del Servicio, pero hemos manifestado siempre que estamos en desacuerdo que otros órganos del Estado tengan esta facultad y no esté radicada en el Ministerio Público, porque se produce esta desigualdad de las personas ante la Ley. Hay personas que pueden verse favorecidas por decisiones de la administración cuando han cometido hechos que son particularmente grave, como los relacionados con la recaudación tributaria", manifestó el Fiscal Nacional.
"Hemos manifestado que la acción penal debe estar radicada en el órgano constitucional encargado de la investigación de los hechos constitutivos de delito. Esto vale para los delitos de colusión, electorales y tributarios", agregó.
