El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la investigación penal en torno a las pensiones de gracia entregadas por el Estado, asegurando que “hay hechos que podrían revestir carácter de delitos”.
Recordemos que el jueves 25 de enero, la Contraloría entregó un informe que reveló que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión de gracia tienen antecedentes penales. En la tarde del viernes 26 de enero, el jefe del Ministerio Público abrió una investigación penal de oficio “con el fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia".
En entrevista con Mesa Central, el fiscal Valencia sostuvo que “en cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales, cada vez que hay información en la prensa que da cuenta de un hecho que reviste interés, que en el cual la Contraloría ha emitido un pronunciamiento, por razones de prudencia y de buena gestión, suelo requerir informe a las unidades especializadas de la Fiscalía para que manifiesten desde el punto de vista técnico si hay justificación o no para abrir una investigación”.
“Solicité ese informe a la unidad anticorrupción y me reportó que efectivamente había méritos para iniciar de oficio una investigación, porque había antecedentes de hechos que podían revestir caracteres de delito”.
Al ser consultado sobre si el tipo de delito podría ser uno como fraude al fisco o adulteración de instrumento público, respondió que “podría haber también, por ejemplo, fraude de subvenciones, es decir personas que entregaron información falsa con el objeto de poder acceder a una de esas pensiones, podría haber alguna prevaricación administrativa”.
“En definitiva son todas hipótesis iniciales, que en la medida en que se vayan esclareciendo los hechos podrá establecerse en primer lugar si se cometió un delito o no”, añadió.
En este sentido dijo “siempre recalco esto, hasta la majadería, que puede haber una situación ilegal y eso no necesariamente constituye un delito. Hay irregularidades de distinta naturaleza y de distinta gravedad. Lo que a nosotros nos corresponde establecer es si dentro de los hechos que efectivamente ocurrieron se cometieron delitos”.
Respecto a la posible investigación de funcionarios de gobierno, aseguró que “no cabe duda de que cuando uno investiga delitos en los que participan empleados públicos, ellos pueden tener la calidad de imputados, sin que finalmente tengan la calidad de condenados”.
