El fiscal nacional, Ángel Valencia, encabezó, este jueves, una reunión con los diez fiscales regionales que llevan a cabo indagaciones sobre el Caso Convenios que involucra a once regiones del país por el traspaso de fondos de manera irregular a 32 fundaciones.
La mesa de trabajo, que sirvió a modo de coordinación y cooperación entre las distintas fiscalías regionales del Ministerio Público estableció que son miles de millones de pesos los que están involucrados en este traspaso de fondos de manera irregular, aunque la cifra total aún no se conoce porque se siguen investigando nuevos casos.
Si bien el fiscal Valencia quiso ser cauto en cuanto a los delitos que se pueden detectar en estos casos, aseguró que probablemente se esté en presencia de fraude al fisco y distintos tipos de malversaciones.
“Si usted me fuerza a enumerar, vamos a estar eventualmente hablando de algún fraude al fisco, alguna malversación, eventualmente tráfico de influencias, de negociaciones incompatibles. Es tan amplio el espectro de ilícitos que eventualmente se podrían haber cometido que, de momento, preferiría no ahondar hasta que se esclarezcan los hechos”, dijo Valencia.
“La expresión mecanismo es una expresión ambigua, yo no quisiera emplearla en una conferencia de prensa, pero no cabe duda que existe en los casos que estamos investigando, y por eso nos reunimos con los distintos fiscales, porque hemos identificado que existen ciertos asuntos que estamos investigando que tienen ciertos rasgos comunes evidentes”, añadió.
El fiscal nacional descartó, de momento, que el Caso Convenios sea una única investigación, y aseguró que cada fiscalía regional continuará con las indagaciones por separado, aunque continuarán con estas mesas de trabajo.
“Se trata de asuntos que tienen transferencias de fondos principalmente desde los gobiernos regionales, también de algunas seremías, en los cuales se han transferido fondos a fundaciones, casi en su totalidad de reciente formación, que se han creado bajo el amparo de la ley actualmente vigente que es menos exigente que la ley antigua, que además esas transferencias se hicieron bajo contratos que no establecían un conjunto de garantía o requisitos que generalmente se imponen para este tipo de transferencias a instituciones”, detalló Valencia.
“En muchos de esos casos además hay un desajuste entre los objetivos de estas instituciones, que en principio las fundaciones son instituciones de beneficencia, y la experiencia de quienes forman parte de sus equipos con los servicios que se comprometieron a prestar”, complementó.
