“Es pre campaña. Y es pre campaña porque termina la emisión de facturas en octubre del 2013”. Así de categórica fue la fiscal del caso SQM, Carmen Gloria Segura, al referirse al contexto de los delitos por los que finalmente fue condenado el ex operador político de la entonces Concertación, Giorgio Martelli.
Son tres hechos, detallados en la audiencia ante el magistrado Daniel Aravena ante el Octavo Juzgado de Garantía, los que finalmente fueron aceptados tanto por el geógrafo y su defensa, que vuelven a centrar la atención en el financiamiento de profesionales que posteriormente trabajaron en el comando y el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en 2013.
Los antecedentes que fueron ventilados en el juicio abreviado apuntan a las 23 facturas emitidas por Martelli a través de la empresa Asesoría y Negocios (AyN) Spa, firma creada -en palabras de la fiscal Segura- para “poder darle trabajo a una serie de profesionales que estaban adscritos a una campaña política futura. En el fondo la próxima campaña presidencial”.
Consecuencia de estos documentos tributarios, AyN se hizo de 246 millones de pesos en aproximadamente dos años. Algunas de las personas que han sido mencionadas como trabajadores de la citada empresa figuran el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el ex Director de Impuestos Internos, Michel Jorratt, entre otros.
Otra situación que fue especificada en la audiencia fue lo acontecido con la contadora Clara Bensán (ex militante de la DC), la que a través de su empresa Agesin emitió a SQM facturas por un total de 92 millones de pesos, solicitados por Martelli. Segura especifica que “estos recursos o montos fueron a dar a la campaña a la que estaba en esa época adscribiendo Martelli, de don Eduardo Frei. Él (Martelli) fue el que consiguió, le pidió a Clara Bensán que emitiera estas facturas falsas, ella las emitió y él las gestionó ante SQM”.
No obstante, Segura especificó que si bien tanto Martelli como Bensán aceptaron los cargos que consideran que los ilícitos tributarios cometidos fueron realizados en el contexto de la precampaña y la candidatura de Eduardo Frei, “hasta el momento no hemos logrado establecer la participación de los dos (entonces) candidatos que usted me menciona dentro de los antecedentes de la investigación. Nada los vincula a ellos, salvo que hayan resultado en definitiva beneficiados o favorecido en su campaña política. Sí hemos establecido la participación de los ejecutores y de aquellos que facilitaron, que son las personas respecto de las cuales estamos pidiendo que condenen”.
Otro tema que de momento figura claro para el Ministerio Público fue la participación del ex presidente de Enersis Jorge Rosenblut. Quien además fuera subsecretario de Telecomunicaciones, según el Ministerio Público, “estuvo en la reunión con (el ex gerente general de SQM) Patricio Contesse, para obtener financiamiento. Pero el financiamiento en esa época de las empresas era un financiamiento legal. Las donaciones de las empresas a las campañas políticas estaban permitidas por la ley. Eso se modificó el año pasado. Hasta ese momento era legal. Lo que es delito es cuando la empresa se concierta con aquel que va a buscar el dinero. Es canalizar esos fondos a través de facturas o boletas ideológicamente falsas, posibilitando de esta manera que una empresa como SQM pague menos impuestos que los que debería haber pagado”.
El futuro del caso SQM, y del resto de las investigaciones por presunto financiamiento irregular de la política, se ve complejo después de que el Servicio de Impuestos Internos -único ente facultado constitucionalmente para presentar querellas o denuncias por delitos tributarios- determinara resolver este tipo de situaciones vía tribunales tributarios, potenciando la vía administrativa y sepultando la posibilidad de una indagatoria criminal y posible en este tipo de situaciones.
Esta situación es reconocida por la fiscal Carmen Gloria Segura, quien hace presente que desde el primer oficio enviado al SII han pasado cerca de dos años. “En la medida que el Servicio de Impuestos Internos no ponga a la Fiscalía en conocimiento de estos hechos a través de una denuncia o querella, la Fiscalía no está habilitada para perseguir la responsabilidad penal de estos hechos”, especifica la persecutora, quien además precisa que la situación es similar respecto de otras empresas que figuran en indagatorias por hechos similares.
