El fiscal regional, Pablo Gómez, entregó detalles del caso SQM, investigación que lidera desde diciembre del 2015.
En entrevista con La Tercera, cuenta que “sentimos que estamos en una fase final de la etapa de investigación”, detalla que “a la fecha tenemos 112 personas que han sido formalizadas, 58 de las cuales han sido suspendidas “.
Dentro de quienes han sido imputados, se prevé que varios opten por salidas alternativas, lo que podría afectar la imagen de la investigación. Esta situación no preocupa de sobremanera al fiscal, quien señala que “la fiscalía lo que debe hacer es guiarse por lo que la ley establece, no por cómo su imagen pueda verse afectada o no”.
Gómez explica que “no podemos estar mirando la decisiones que tomamos sobre la base de un medidor de popularidad e impopularidad (…) las decisiones que se toman se hacen siempre sobre la base de la objetividad”.
Esta semana se formalizó a Marco Enríquez-Ominami, dejándolo con arraigo nacional y firma mensual. Sin embargo, Gómez no descarta que pueda ser imputado algún otro político relevante: “La investigación es dinámica y hemos cursado citaciones a personas que han desempeñado altos cargos en la organización administrativa del Estado, por lo tanto, no podemos descartar más formalizaciones”.
Días antes, ME-O había denominado a Pablo Gómez como “el fiscal del Piñera”. Sobre esta situación, el fiscal responde que “a las descalificaciones de este imputado, y de cualquier otro, respondemos con evidencia y objetividad. Tenemos que ser muy cuidadosos en su ejercicio y ejercerla cuando tenemos antecedentes suficientes para imputarle a una persona participación en un delito y eso hemos hecho en esta investigación”.
Consultado por la colaboración del líder del PRO, Gómez enfatiza que “han pasado 10 meses y no contamos con una colaboración del señor Enríquez-Ominami. Yo tengo el deber legal de recibir los antecedentes que ellos quieren aportar”.
“Él ha dicho públicamente que autorizó el alzamiento del secreto bancario, pero ha omitido decir la palabra ‘parcial’”, dice, y asegura que eso restringe el actuar del Ministerio Público.
Sin duda, verse inmiscuido dentro de esta investigación le ha significado consecuencias políticas a ME-O, pero Gómez señala que eso no debe afectar la indagación. “Nosotros no podríamos tener en consideración las consecuencias que se siguen de una decisión, porque entraríamos a ser entes políticos y el Ministerio Público es un organismo que debe ser autónomo, eficiente y proteger a víctimas y testigos”, señala. Incluso, por su condición de acusado, se le suspende el derecho a sufragio, por lo que no podrá votar en las presentes Elecciones Municipales.
Antecedentes para formalizar a ME-O
“No puedo referirme a lo que no se expuso en la audiencia. Lo que sí puedo señalar es lo que dijimos respecto de que SQM Salar concreta un conjunto de aportes que hace Cristián Warner a través de un mecanismo en donde la intervención o reuniones que ME-O concreta con el entonces gerente general Patricio Contesse son finalmente el medio en que se acuerda la forma de ese financiamiento”, explica.
El fiscal detalla que Marco Enríquez-Ominami se reunió en más de 15 oportunidades con Patricio Contesse y concluye que “tenemos un conjunto de antecedentes valiosos e importantes que nos permiten sostener esta participación dolosa de ME-O en la forma de financiamiento de su proyecto Progresista y que esa forma de actuar se hizo al margen de la ley, se hizo a través de un mecanismo que, según expusimos, configura un delito tributario”.
Sobre la imputación como facilitador de facturas ideológicamente falsas, argumenta que “hay informes de las supuestas asesorías que tienen una fecha muy posterior a las de los contratos”. Por lo tanto, “si uno mira este gran cuadro, estimamos que tenemos suficientes antecedentes para imputar que ME-O ha participado dolosamente en esta acción”.
