Patricio Contesse, ex gerente general de Soquimich, solicitó formalmente la reapertura del caso SQM.
La solicitud -ingresada por su abogados Samuel Donoso y Andrea Rivera- se da luego de que el fiscal regional del Valparaíso, Pablo Gómez, cerrara la indagatoria acusando al ex ministro Pablo Longueira de cohecho, al mismo Contesse por soborno y dictara acusaciones en contra de otros 14 imputados, entre los que se encuentran el senador Jorge Pizarro, el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y el ex parlamentario, Fulvio Rossi, quien ayer fue sobreseído del caso.
La defensa de Contesse pide la reapertura, asegurando que quedan diligencias pendientes. En específico, se solicita que se cite a declarar a trabajadores del Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SIII) y a quienes eran parte del Comité encargado de la evaluación del caso y que terminó con la presentación de la acción penal ejercida por el SII contra funcionarios de SQM.
En el requerimiento, también se pide que se tomen las declaraciones como testigos a algunas autoridades, como es el caso del ex senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, además del fiscal nacional, Jorge Abbott. También se pide la presencia de Pauline de Vidts Sabelle, ex vicepresidenta de Personas y Sustentabilidad de SQM.
Además, se solicita un peritaje de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso junto con que se oficie al SII, entre otras cosas.
"Lo anterior es de suma importancia para demostrar que la conducta atribuida a mi representado no es imputable objetivamente, por cuanto fue desarrollada –como lo demuestran estos casos y el actuar del mismo Servicio de Impuestos Internos- dentro del riesgo permitido, configurando una conducta socialmente adecuada, y no una conducta que revista caracteres de delito ni perseguible por el Ministerio Público", indica el escrito.
El requerimiento de la defensa de Contesse -quien arriesga más de siete años de cárcel- se suma al presentado por el abogado Mauricio Daza, en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente.
Ambos requerimientos serán abordados el 14 de agosto, donde se realizará la audiencia donde se discutirá si es que se reabre o no el caso.
