Traspaso a fundaciones sin experiencia, sin concursos públicos ni entrega de planes de trabajo: los casos que se repiten en las 15 Seremi del Minvu

En Atacama, una fundación constituida con un capital de $20.000 se adjudicó fondos por $128 millones para un área a la que no se dedicaba; en O’Higgins, una fundación que obtuvo $121 millones pertenecía al jefe de gabinete y socio del director del Serviu; en Biobío, una fundación dedicada a la cultura y recreación fue contratada para la instalación de luminaria solar y señalética. A continuación las graves irregularidades y casos que detectó Contraloría en la seremías de Vivienda de todo Chile.

Qué observar. Además del duro informe sobre la subsecretaría de Vivienda, el contralor Jorge Bermúdez entregó 15 informes de auditoría que realizó a las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo (Seremi) de todo el país.

La indagatoria revisó las transferencias realizadas por estos organismos públicos a fundaciones privadas en el marco de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades, durante los últimos tres años
Las faltas se repiten en los informes de Arica a Punta Arenas, dando cuenta de irregularidades comunes y falta de control y transparencia en el mecanismo para adjudicar los fondos. En todos los casos por trato directo, sin concursos públicos, y en ocasiones a fundaciones privadas que no tienen experiencia ni competencia en el área del convenio.

Las anomalías. Entre los problemas que más se repiten en las Seremi Minvu se encuentran:

Asignación directa de los fondos sin concurso.
Falta de un procedimiento formal para la selección de las fundaciones
Falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos de cada proyecto.
Ausencia de vale vista, póliza de seguro o boleta de garantía.
Transferencias a fundaciones sin experiencia en el área del convenio.
Fundaciones que modifican su giro para emitir boletas, después de firmado el convenio.
Personas contratadas tanto por el organismo público -Seremi o Serviu- como por la Fundación que recibe los recursos.
Falta de procedimientos de control para evitar eventuales conflictos de interés.
No se exigen planes de trabajo a las fundaciones.
No hay manuales sobre procesos de monitoreo, supervisión y rendición de cuentas de los recursos transferidos a terceros.

En algunos casos se pidió a los organismos subsanar y en otros se pasaron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Región por región. Las regiones donde se registran los casos más graves son Atacama, O’Higgins, Biobío, Araucanía y Antofagasta, seremi donde, con el caso de la Fundación Democracia Viva, explotó el denominado caso convenios y motivó las auditorías de Contraloría.

Seremi de Vivienda Atacama. Se detectó que no hubo exigencia de planes de trabajo en convenios de $128 millones con Fundación Comprometidos, $340 millones con Fundación Enred y $137 millones con Procultura. Tampoco control y monitoreo de la ejecución.

Se detectó que un funcionario de Fundación Enred, se encontraba habilitado como usuario interno en los sistemas institucionales del MINVU, pudiendo acceder a información confidencial.
En el caso de la Fundación Comprometidos fue creada en Quinta Normal con un patrimonio de $20.000. Su objeto era “la promoción y difusión del deporte y la cultura y de la defensa de derechos civiles”.
Fundación Comprometidos inició actividades en el SII en 2019 registrando entre sus giros “actividades de producción de películas cinematográficas y videos; actividades clínicas veterinarias y actividades de asistencia social”. Recién en marzo de 2023 amplió su giro a proyectos de servicio público, tras adjudicarse el convenio.
Comprometidos fue contratada por la Seremi por $128 millones para fortalecer la distribución de agua potable, mediante camiones aljibe, en Copiapó. “Se observa la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas que esta debía ejecutar”, dice Contraloría.

Seremi Vivienda O’Higgins. Registra convenios con las fundaciones Enred por $282 millones, Red Integral Comunitaria por $214 millones y ARQUIDUC por $121 millones.

Una funcionaria a honorarios del Serviu prestaba a la vez servicios para Enred.
Se registra el caso de Gustavo Villalobos, jefe de gabinete del director del entonces Serviu, Manuel Alfaro. Ambos eran amigos y socios en una empresa de reciclaje. Pero Villalobos era a su vez secretario de Fundación ARQUIDUC, que recibió fondos del organismo.
Debido a la incompatibilidad de funciones, se interpuso una acción penal pública contra ambos por los delitos de prevaricación administrativa y negociación incompatible, causa que se tramita en el Juzgado de Garantía de Rancagua.
Respecto a fundación Red Integral Comunitaria, no contaba con experiencia en las iniciativas encomendadas.

Seremi de Vivienda Biobío. Pagó a Procultura $186 millones y a Urbanismo Social $120 millones. Espacio Lúdico recibió $60 millones y Enred $114 millones, entre otras.

Tal como las otras seremías no cuenta con sistema informático aporpiado para registro de transferencias, se hacía control de rendiciones mediante planillas Excel, sistema que puede ser manipulado y no permite integridad y confiabilidad de los registros.
Recién el 9 de junio de 2023, la fundación Enred obtuvo la autorización en el SII para la ampliación del giro concerniente a la construcción de proyectos de servicio público, esto es, posterior a las negociaciones y aprobación de los convenios.
La Fundación Espacio Lúdico fue contratada para la instalación de luminarias solares, señaléticas, y la prevención y control de incendios. Sin embargo, “se observa falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas que esta debía ejecutar”.
En el SII, Espacio Lúdico está registrada como “asociación que promueve actividades culturales o recreativas”.
No existieron fundamentos ni acreditación de los actos administrativos que asignaron los recursos en forma directa a la Fundación Urbanismo Social.

Seremi de Vivienda Araucanía. Asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras. Fundación Urbanismo Social por $302 millones, Fundación Acción Digital $29,5 millones, Fundación Enred $41 millones y Enlace Urbano ONG $34,5 millones

Falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del Programa Asentamientos Precarios.
Falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de las transferencias.
Ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios de transferencia (vale vista, póliza de seguro o boletas de garantía).
Falta de exigencia de los planes de trabajo.
Una persona contratada por fundación Urbanismo Social se desempeñaba a honorarios en la seremi.
No se registraron las transferencias de recursos en el portal que establece la ley N° 19.862.

Seremi Vivienda Antofagasta. La Seremi Minvu asignó directamente iniciativas a las fundaciones TomArte, Procultura y Fibra, con las cuales se suscribieron 11 convenios por un valor total de $1.386.000.000, sin que se mencionen los fundamentos que justificaron la designación de los proyectos a dichas entidades.

Además existe la falta de concordancia entre el objeto y experiencia de las fundaciones TomArte y Fibra con las actividades que estas debían ejecutar en el Programa de Asentamientos Precarios.
Se suscribieron 37 convenios con las fundaciones Asociación Campamento de Ideas, Superación de la Pobreza, FUSUPO, y Urbanismo Social por un total de $3.418.574.234, directamente por el SERVIU de Antofagasta.
Antes de firmar los convenios no se exigió a las fundaciones planes de trabajo para identificar las acciones a ejecutar en la cantidad de recursos destinados a ese fin.
Los antecedentes serán entregados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Se constató que en dependencias del Seremi Minvu de Antofagasta se desempeñaban 12 personas que fueron contratadas por los organismos receptores de fondos, que desarrollaban actividades propias de esa secretaría, entre ellas, labores en su gabinete como revisión de las rendiciones efectuadas por las fundaciones receptoras.
Otras tres personas trabajaban a la vez en el Serviu y fundaciones.
Se constató que de 73 campamentos con iniciativas de inversión, solo 58 se encuentran georreferenciados y de ellos 22 están ubicados en zonas de riesgo, esto es, zonas propensas a avalanchas, rodados y aluviones.

Lea a continuación los documentos íntegros de Contraloría: