Qué observar. Desde que fue designada en Interior, tras la derrota del gobierno en el 4S, Tohá tomó el control político de la administración Boric y consolidó crecientemente su poderosa dupla con Marcel, contrapuesta a la de Camila Vallejo y Antonia Orellana, que representan una afinidad más a la izquierda en el comité político y que ha perdido peso interno y apoyo en las encuestas.
- Para algunos, Tohá se convirtió en la virtual primera ministra de Boric tras el cambio de gabinete de marzo, donde fue por lejos la ministra que más influyó. Fue ella quien, además, bajó la nueva línea del gobierno en medio de la pugna del Socialismo Democrático y el FA-PC por el rumbo de la administración y el cumplimiento de su programa.
- La negociación por la agenda exprés de seguridad que se desplegó en el Congreso tras el crimen de la sargento Rita Olivares, hace dos semanas, supuso el primer traspié personal de la ministra. El otro golpe, ocurrido a fines de diciembre, tuvo como punto de partida la decisión de Boric de otorgar indultos presidenciales a los presos del 18-O, lo que hizo caer el acuerdo de seguridad que ella lideraba.
Arduas negociaciones en el Senado. Tohá llegó antes de las 14:00 de este martes a Valparaíso con la misión de llegar a un acuerdo con la derecha en torno al proyecto de Ley Nain-Retamal, para lo cual realizó importantes concesiones que había impugnado en días anteriores junto al ministro Luis Cordero respecto a la legítima defensa privilegiada de actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.
- Sin margen de acción, la ministra del Interior se reunió apenas llegó al Congreso con todos los senadores de Apruebo Dignidad, el Socialismo Democrático, la DC y la independiente Fabiola Campillai. Se trataba de medir las líneas rojas de su base de apoyo para entregar su primera propuesta a la oposición, antes de las 16:00.
- En plena sesión del Senado se reunió con el presidente de la comisión de Seguridad, Felipe Kast, para sacar adelante esa misma jornada las 122 indicaciones que se presentaron al proyecto.
- A esa altura no tenía los votos para sacar adelante los cambios a la ley que había liderado, quedando solo la opción de ir al TC para impugnar el proyecto o recurrir a un veto presidencial, opciones muy costosas en plena campaña para las elecciones de constituyentes del 7 de mayo y con un alto riesgo político, al tratarse de una problemática asociada a la lucha la delincuencia, la prioridad de los chilenos en las encuestas.
- Desde las 4 de la tarde y hasta ya entrada la medianoche el gobierno entregó dos propuestas a la oposición y recibió otras dos contrapropuestas, acordadas por los senadores que integran la comisión de Seguridad y con la ayuda que aún agradecen en La Moneda al RN Rodrigo Galilea, a quien se atribuye el abrir puentes de diálogo.
La derrota de Cordero. Los ministros entraban y salían de distintos salones del Senado mientras en el hemiciclo se discutía el informe de la comisión de Seguridad, que desechaba los cambios que impulsaba La Moneda. La vocera Camila Vallejo hablaba con los parlamentarios de Apruebo Dignidad y Cordero se desplegaba en el Congreso.
- Uno de los aspectos centrales de las concesiones del gobierno, que defendió Cordero el día anterior de manera inflexible, fue el albergar la “legítima defensa privilegiada” en el Código de Justicia Miliar, como querían en la oposición a partir de los problemas procesales que enfrentan los policías que desenfundan sus armas para defenderse de agresiones.
- La Moneda no tenía espacio para estirar la cuerda.
- La semana pasada Tohá había apostado a que el proyecto se aprobara en la Cámara para luego negociar sus cambios en el Senado. Pero hasta cerca de las 22:28 hrs de este martes no había logrado sellar un acuerdo con la oposición. Y el día anterior, en medio de sucesivos zigzagueos, había abandonado la comisión de Seguridad del Senado antes que terminara el debate, profundizando las críticas por haber dejado en punto muerto el diálogo con la oposición y, antes, una fractura en el PS.
- Los socialistas la respaldaron en la Cámara, bajo la idea de apoyar la ofensiva en materia de defensa de las policías tras el crimen de la sargento Olivares, pero terminaron reclamando amargamente a la ministra por tildar la legítima defensa privilegiada como la ley del “gatillo fácil”, el mismo concepto que usaron los diputados del FA-PC para rechazar el proyecto y golpear la línea de base del Presidente.
- Más aún, Boric realizó la mañana de este martes un fuerte emplazamiento a los parlamentarios durante un acto en La Moneda en que firmó el Compromiso Transversal para la Seguridad. Para algunos, Tohá estaba repartiendo los costos con el Presidente, una receta que incomodaba a parte del oficialismo.
La hora del acuerdo. A las 22:28, en la oficina del comité del PS, Tohá lideró una reunión en la que estuvieron Vallejo, Cordero, la ministra (S) Macarena Lobos y todos los actores que de una forma u otra fueron claves en la jornada de este martes: los parlamentarios de oposición Felipe Kast, Manuel José Ossandón, Rodrigo Galilea y Luz Ebensperger; el demócrata Matías Walker; la DC Yasna Provoste; los socialistas José Miguel Insulza y Alfonso de Urresti; el PPD Jaime Quintana; el PC Daniel Núñez y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, entre otros que entraron ya casi al término de la reunión.
- El encuentro se extendió hasta las 23:03, cuando finalmente sellaron un acuerdo, que fue impreso para los integrantes del Senado.
- La Moneda no logró que la legítima defensa privilegiada se albergara en la Justicia Militar, como se mencionó anteriormente, y para algunos la ley quedó muy blindada ante la interpretación de los jueces a al momento de discernir sobre la legítima defensa privilegiada. El refuerzo a los policías que se vean amenazados en su integridad o bien cuando deban usar su arma de servicio en defensa de un tercero, incluyendo también a las FFAA y funcionarios de la PDI y Gendarmería.
- La oposición, en tanto, bajó un artículo que eximía de responsabilidad a los mandos policiales o militares de apremios ilegítimos protagonizados por subalternos.
- Como en toda negociación, los cálculos de unos y otros eran distintos al final de la jornada. En La Moneda recalcaban por ejemplo que la legítima defensa privilegiada “ya no es tan privilegiada” y que el uso de las armas se restringirá a cuando esté en riesgo la vida de las personas, ya sea del funcionario policial o de una tercera persona y en base a la proporcionalidad.
- Como sea, Tohá había logrado cortar un conflicto que amenazaba con seguir enredándola, pero pagando un alto costo político.
La votación. En el Senado se sometió a votación la indicación acordada, que se impuso por 45 votos a favor, cero en contra, 3 abstenciones y pareo. Las senadoras Campillai y Claudia Pascual (PC) se abstuvieron, pero Daniel Núñez, también comunista, y Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, votaron favorablemente. En el voto de Núñez, señalan en la oposición, influyó la ministra Vallejo.
Qué dice la indicación acordada:
- “Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 4, 5 y 6 de este artículo, respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando estas realizaren funciones de orden público y seguridad pública interior. En dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa”.
- “Esta norma se aplicará con preferencia a lo establecido en el artículo 410 del Código de Justicia Militar”.
- “Respecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los tribunales, según las circunstancias y si estas demostraren que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la extensión que aparezca, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en virtud de uno, dos o tres grados”.
