Qué observar. La Municipalidad de Santiago informó este jueves que se presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la anunciada querella contra los tasadores de la ex clínica Sierra Bella, caso que derivó en la mayor crisis a la fecha para Irací Hassler; primer alcalde comunista de la comuna de Santiago.
- El 13 de abril, Contraloría emitió un informe calificando de carente de fundamento el pago de $8 mil 252 millones a la sociedad San Valentino por la ex clínica, la que había sido adquirida meses antes por esa sociedad por $2 mil 232 millones.
- El dictamen cortó la línea de defensa que la edil había mantenido hasta entonces: que el millonario precio a pagar era “justo”, porque lo habían validado 3 tasaciones encargadas por la municipalidad.
- La edil respondió anunciando que desistiría de la compra aprobada el 18 de enero por el Concejo Municipal y cuyo pago no se había concretado porque Contraloría congeló el proceso el 2 de febrero, mientras investigaba las presentaciones realizadas al organismo.
- También anunció la salida de 2 hombres clave en el proceso de compra: el jefe jurídico Jean Pierre Chiffelle (PC) y el secretario de planificación Luis Mayorga, cercano a la ex Concertación.
- Sostuvo además dijo que se querellaría contra los tasadores, acción que la municipalidad anunció este jueves que fue concretada.
- En la acción legal se los acusa de estafa y falsificación de instrumento privado. El texto no aborda la acusación del dueño de San Valentino, Felipe Sánchez, que dijo en una declaración que “fue la alcaldesa Hassler quien dirigió personalmente las negociaciones” y luego a CNN Chile que ella propuso el precio a pagar.
Qué dice la querella. El texto de 13 páginas —firmado por la abogada Julia Panez, nueva jefa jurídica de la alcaldesa Hassler— está dirigido contra los arquitectos Mylena Cárcamo, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo, y relata por qué habrían cometido los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado.
- El dictamen. “Con fecha 13 de abril de 2023 la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago emitió el pronunciamiento N° E332542 / 2023 que se hace cargo de diversas denuncias formuladas respecto de adquisición de inmuebles llevada a cabo por el Municipio de Santiago para la implementación de una ‘Clínica Municipal’”, consignó el texto.
- La contratación de servicios. “En efecto, la Municipalidad de Santiago, con la intención de adquirir los inmuebles ubicados en calle Sierra Bella N° 1181 y calle Ventura Lavalle N° 341 (…), cumpliendo con los dictámenes de la Contraloría General de la República relativos a determinar el precio justo según lo requiere la modalidad de trato directo, solicitó tres tasaciones a personas cuyos antecedentes académicos y profesionales parecían idóneos para dicha labor”, consignó la querella. Esta no detalló quiénes en el municipio gestionaron y luego validaron los documentos entregados.
- Primer peritaje. Luego detalló los cuestionamientos de Contraloría a los peritajes. Del informe de Mylena Cárcamo se consignó que “no es posible verificar el valor de los terrenos utilizados ni el valor del metro cuadrado consignado, sin que este último coincida con el valor de las referencias, así como tampoco es posible verificar el costo de reposición de lo edificado, además de omitirse fundamentar los valores asignados a las obras complementarias”.
- Segundo peritaje. Del reporte de María José Sepúlveda se destacó que “el informe no especifica los principios que sustentan el valor, enfoques, normativa aplicada, criterios y procedimientos utilizados, según el tipo de informe requerido y el objetivo planteado por el requirente; no se acompañan las publicaciones de los terrenos utilizados como referencias, lo que impide verificar los valores de dichos terrenos y el valor del metro cuadrado”.
- Tercer peritaje. Del reporte de Patricio Gajardo se detalló que “no se respaldan los valores de construcción utilizados, si(n) ser posible verificar el costo de reposición de lo edificado, y no se menciona ninguna metodología o parámetro que permita verificar los porcentajes de depreciación considerados”.
- La ilegalidad. “De ser correcto lo señalado por la I. Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, nos encontraríamos con que los querellados faltaron a la verdad en la narración de hechos sustanciales en sus informes e hicieron pasar por informes de tasación, documentos que lo eran solo en apariencia”, dijo la querella.
- Por qué habría estafa. “La Municipalidad habría incurrido en el error de considerar que se trataba de tasaciones legítimas y, por tanto, no solamente realizó él pagó por el supuesto trabajo pactado —configurando la disposición patrimonial—, sino que además estos antecedentes constituyeron un hecho esencial para cumplir con las exigencias legales que requería la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella bajo la modalidad de trato directo”.
- Por qué habría falsificación de instrumento privado. “Los informes constituyen instrumentos privados ideológicamente falsos, en tanto en ellos se afirma la realización de actos, procedimientos y satisfacción de requerimientos metodológicos fundamentales para arribar a la tasación que concluyen en sus informes”.
- Daño reputacional. “No solamente existe un perjuicio patrimonial por las sumas que fueron pagadas a los tasadores querellados, sino que con su conducta han provocado un perjuicio en términos de la imagen de la I. Municipalidad de Santiago”.
Trasfondo. El caso Sierra Bella —que también está siendo investigado penalmente— ha generado dudas sobre la probidad de la gestión de la edil. Estas han sido respondidas por la directiva del PC, por tratarse de una comuna emblemática, dirigida por primera vez por un alcalde del partido, que además marca un cambio generacional en su conducción.
- “Yo confío mucho en Irací Hassler”, dijo radio Nuevo Mundo el presidente del PC, Guillermo Teillier, 17 de abril. “Algo hubo malo en esa negociación, hubo malas manos, y la derecha lo aprovechó (…). Hemos estado en las primeras planas por meses. Se nos acusa de puras chimuchinas”.
- En este escenario es que Hassler nombró como su nuevo jefe de gabinete al sicólogo, exministro del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y articulador de la izquierda en la disuelta Convención Constitucional, Marcos Barraza. La decisión fue recibida por unos en el municipio como un “salvavidas” del PC a su gestión. Por otros, como una intervención.