Qué observar. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió hace algunos días una carta formal al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) expresando su respaldo al Observatorio Europeo Austral (ESO) y a la comunidad astronómica chilena en el marco del conflicto generado por el proyecto de energía renovable INNA, que significa una inversión de US$ 10.000 millones y es impulsado por AES Chile en la Región de Antofagasta.

  • El gesto de Cancillería llega luego de que distintas organizaciones científicas criticaran el eventual impacto del proyecto en la calidad del cielo nocturno en las cercanías del Observatorio Paranal y otros establecimientos.
  • En el documento el Minrel señala: “El Gobierno de Chile debe efectuar todos los esfuerzos dentro de su competencia, de conformidad al ordenamiento legal y constitucional chileno y al derecho internacional, para asegurar a la ESO la posesión tranquila y pacífica de sus bienes”.
  • La carta se suma a las numerosas observaciones presentadas por astrónomos, la ESO y entidades académicas durante el proceso de evaluación ambiental.
  • También subraya la relevancia del compromiso internacional de Chile con la protección de sus cielos y recalca que iniciativas como INNA podrían comprometer dichos estándares si no se ajustan a los criterios técnicos exigidos.

La intervención de Cancillería. Cabe mencionar que Cancillería no es parte de las entidades que normalmente se pronuncian respecto a los proyectos en su etapa de evaluación ambiental. Pero en este caso, señalan que su participación es “relevante e indispensable” por las razones que se señalan a continuación.

  • La misiva —firmada por el ministro de Relaciones Exteriores Alberto Van Klaveren— comienza señalando: “remito para conocimiento de esa Comisión de Evaluación, en el marco del procedimiento administrativo dispuesto al efecto, los antecedentes informados por la ESO a esta Secretaría de Estado, los que dan cuenta de una serie de inconvenientes, desde el punto de vista ambiental y científico, sobre el emplazamiento del Proyecto en las proximidades de los observatorios de esa organización internacional”.
  • Luego, se enumeran las observaciones empleadas por la ESO.
  • Estas se resumen en que el proyecto tendría impacto en instalaciones astronómicas cercanas, como el Observatorio Paranal y el futuro Extremely Large Telescope (ELT) en Cerro Armazones.
  • Las principales preocupaciones se relacionan con la contaminación lumínica, turbulencias atmosféricas y emisión de polvo, elementos que podrían afectar la calidad de las observaciones astronómicas.
  • Diversos actores del sector público y privado se manifestaron sorprendidos con la forma y el fondo de la intervención de Cancillería. A juicio de diversas fuentes consultadas, el Minrel tomó una postura contraria al proyecto, lo que consideran una intervención inapropiada en la tramitación.

Los tratados internacionales. En este sentido, Cancillería hace presente en la carta el marco del “Convenio entre el Gobierno de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica del Hemisferio Austral, para el Establecimiento de un Observatorio Astronómico en Chile” (…) en los que “este Ministerio, la República de Chile se encuentra en la obligación internacional de respetar y dar estricto cumplimiento a esos tratados”.

  • En este orden de consideraciones, “el Gobierno de Chile debe efectuar todos los esfuerzos dentro de su competencia, de conformidad al ordenamiento legal y constitucional chileno y al derecho internacional, para asegurar a la ESO la posesión tranquila y pacífica de sus bienes”.
  • Además, señalan que el ministerio “(…) confirma y regula la aplicación del Convenio, y lo acordado subsecuentemente, a las actividades de la ESO en todo el territorio nacional y especialmente, a la construcción, mantenimiento y operación de un nuevo centro de observación en el marco del Proyecto denominado VLT/VLTI, así como a las futuras actividades de la ESO en Chile”.
  • Señalan que la construcción y puesta en marcha del proyecto INNA, “conforme a lo informado por la ESO, afectaría sustancialmente, inclusive dentro de los estándares ambientales, el desarrollo pacífico del VLT y de los futuros telescopios CTA-Sur y ELT, todos ubicados en la zona de Paranal y Armazones, comuna de Taltal, Región de Antofagasta”.
  • “El Gobierno de Chile y la ESO deben adoptar todas las medidas necesarias dentro de su competencia para mantener y proteger las calidades astronómicas y ambientales de los centros de observación instalados y que se instalen por la ESO”, enfatizan.
  • Agregan que el acuerdo internacional prevé que se deberá tener especial atención sobre los temas de contaminación lumínica, de contaminación por partículas y control de impacto ambiental de las actividades mineras.

El portazo del SEA. A fines de febrero, el SEA descartó los argumentos presentados por distintas organizaciones científicas que solicitaban el término anticipado del procedimiento de evaluación del proyecto. El organismo prefirió seguir con la evaluación ambiental de la iniciativa, lo que fue interpretado como un portazo a las aspiraciones de la comunidad astronómica de frenar el avance del proyecto en esta etapa.

  • Esto reflejó la postura del SEA de que las observaciones también realizadas por organismos como la Seremi del Medio Ambiente podían ser subsanadas más adelante y que no tenían el peso suficiente para justificar un término anticipado de la evaluación ambiental.
  • Pese a ello, el proceso sigue abierto y tanto la ESO como universidades y centros de investigación mantienen sus reparos, especialmente por lo que consideran una falta de medidas suficientemente robustas para mitigar el impacto en el cielo nocturno.
  • Con el respaldo ahora explícito de Cancillería, el debate toma un nuevo giro político e institucional, cuando se espera que el SEA emita el ICSARA, donde se reunirán todas las observaciones de organismos. Posteriormente, deberá decidir si entrega una recomendación negativa o positiva sobre la viabilidad ambiental del proyecto.

LEA LA CARTA:

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