-¿Con qué sensación se queda luego de la votación de este lunes en el Senado?
-Como contexto, aquí hay una falta de legislación, hay dictámenes del Tribunal Constitucional y múltiples fallos de la Corte Suprema que no generaron la fuerza suficiente en los colegisladores para hacer una gran reforma de salud como era necesaria y como fue discutido a propósito de muchos proyectos que se presentaron una y otra vez por distintos gobiernos para resolver este problema.
Lo que considero clave es que esto que estamos discutiendo no afecta solo a los beneficiarios de isapres. Hoy día nosotros tenemos una red integrada público-privada de centros que entregan atenciones de salud privados de distinto tipo, que tienen atención tanto para asegurados de isapres como también de Fonasa. Y efectivamente el financiamiento de esos actores depende en gran medida del aporte que le hace el seguro de la isapre.
Respecto a la discusión de este lunes, hay tres cosas en las que fijarse. Primero, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud para gestionar el control de las isapres y dos artículos muy complejos que han generado una discusión tremenda: las alzas de los precios base y la mutualización.
-¿Qué le parece la aprobación del alza de los precios base?
-El superintendente había dicho que las alzas para el equilibrio del precio base podían oscilar hasta en un 40% de aumento. Ayer los senadores -incluso algunos oficialistas- aprobaron este ajuste por una vez del precio base sujeto a que el gobierno -y así se comprometió la ministra de Salud- entregue una indicación en marzo respecto a que esa alza tenga una cota máxima.
-¿Deben tener un límite esas alzas?
-Va a haber una indicación y se va a aprobar un límite. Esa es una parte ya asumida por todos los actores parlamentarios de acuerdo a lo que se discutió ayer en el Senado.
-¿Qué tan clave es la aprobación de la mutualización?
-Si se tuviera que pagar en un plazo máximo de un año y medio o dos años el monto de la deuda y con una cifra reducida en US$450 millones, hay dos o tres isapres que no tienen capacidad ni de capitalizar ni de pagar esa deuda. Sin embargo, me parece que este cálculo es el máximo que se podría lograr de ajuste y es imposible pretender una reducción de la deuda de las isapres inferior a ese monto.
-Varios senadores del oficialismo anunciaron que irán al Tribunal Constitucional por la aprobación de esta norma y adelantan que podría rechazarse en la Cámara.
-Fue una reacción un poco visceral de algunos parlamentarios que vieron frustradas sus aspiraciones. Se votó democráticamente, se aprobó la admisibilidad. Llevar este tema al Tribunal Constitucional tiene el riesgo por una parte, de prolongar innecesariamente la tramitación de una ley que se necesita con urgencia para viabilizar los fallos de la Corte Suprema a más tardar el 31 de mayo.
Y tiene un tema de fondo bien complejo que es que en la práctica se le está pidiendo al TC que se transforme en un árbitro de competencia entre dos poderes del Estado. Y en ese sentido me parece que el gobierno y los parlamentarios que hablaron ayer tienen que hacer una reflexión muy bien asesorada por expertos constitucionales y jurídicos respecto al sentido y viabilidad de los reclamos de esta naturaleza.
-¿Cómo cree que se dará la votación en la Cámara?
-La Cámara va a tener un trámite difícil y la ministra Aguilera se ha empoderado muy bien en el control de esta agenda de este proyecto. Evidentemente este tema se va a resolver finalmente en una comisión mixta. Y por eso preocupan los tiempos de tramitación, porque hay fecha de vencimiento para implementar los fallos de la Corte Suprema.
-Luego de lo ocurrido en el Senado, ¿cómo se ve la subsistencia del modelo privado y la posibilidad de una crisis de salud?
-Hay recordar que en la discusión constitucional del año 2022 se pretendió cambiar lo que estaba vigente en la Constitución, que es que las personas tienen libertad de elección para elegir el sistema donde quieren cotizar. Y así ha sido ratificado. Y si desaparece ese sistema evidentemente esa libertad se pierde.
Y aparece como una contradicción la iniciativa de estatizar todo el sistema de salud. En primer lugar, porque no está la capacidad en el sistema de salud público para atender la demanda. Y ya estamos viendo una crisis de esa insuficiencia, que se manifiesta gravemente con las listas de espera y las personas que mueren en ellas.
-¿Entonces cómo queda el panorama?
-No es una crisis que está por venir, sino que ya está ocurriendo. Y esta Ley Corta -tal como fue aprobada por el Senado ayer- produce reglas del juego que le dan un cierto aire a un sistema mixto de atención de salud público-privado hasta que se legisle una gran reforma. Pero eso es un tema que va a estar vinculado al proyecto que el Ministerio de Salud se obligó a presentar en octubre y esa es una discusión que está por venir.
Es evidente que las isapres como las conocemos van a desaparecer y van a ser reemplazados por uno u otro mecanismo estrictamente público o un sistema que dé multiseguros en el cual las personas puedan poner su cotización y haya coberturas adecuadas con libertad de elección para sus necesidades de salud.
