-Usted estuvo recientemente de viaje en El Salvador, ¿Cuál ha sido su vínculo con ese país?
-Formo parte del directorio de la fundación Héctor Oquelí, un dirigente salvadoreño socialista, asesinado en Guatemala por un escuadrón de la muerte en 1990. Fue un gran amigo mío. Logramos constituir una fundación con un grupo de salvadoreños, entre ellos, el vicepresidente actual de El Salvador, Félix Ulloa, a quien conozco desde aquellos años. He seguido la política salvadoreña desde la guerra, con bastante interés.
-¿Y qué le han parecido las políticas respecto a la delincuencia del presidente Nayib Bukele?
-El Salvador, al igual que toda América Latina, está cruzado por dos tendencias urgentes. Uno es el incremento de la violencia y el crimen organizado, que en El Salvador se traduce en la existencia de las maras. Y también el otro proceso es una necesidad de reanimar la economía. El Salvador es un país de seis millones de habitantes, pero tiene tres millones más de salvadoreños que viven en el exterior, porque el país no ofrecía garantías para estas personas. Yo escucho a menudo que hay que copiar el método Bukele, y yo diría que hay que estudiarlo, hay cosas que sin lugar a dudas son muy interesantes, porque ha resuelto el problema de la seguridad, aunque la situación de Chile u otros países es totalmente distinta.
-¿Ha logrado Bukele resolver el problema de la seguridad?
-Yo diría que ha logrado bastante, la situación de hoy día en El Salvador es muy distinta a la de hace algunos años, y eso se nota en los espacios públicos, que hoy día sí son públicos. La mayor parte de las estructuras criminales han sido neutralizadas y se ha repuesto el control del Estado sobre buena parte del territorio, y eso se nota, incluso en la vida cotidiana.
-Usted dice que sin copiar, es necesario estudiar esa experiencia. En El Salvador se han visto medidas fuertes en el sistema carcelario e intervención de las organizaciones criminales. ¿Qué lecciones podría tomar Chile?
-Lo que hay que mirar es cómo recuperaron el control del territorio. Eso es lo fundamental. Mucho se habla de la cárcel, pero el Estado no solo tiene que copar el territorio, sino que además tiene que desarrollar Estado en esas zonas donde antes controlaban las mafias. Por ejemplo, y lo está haciendo el gobierno salvadoreño, en las zonas más conflictivas está construyendo unos centros que se llaman CUBOS (Centro Urbanos de Oportunidad Social), que literalmente son edificaciones con forma de cubo, y son centros dirigidos a niños y preadolescentes, que son los soldados de las maras reclutados muy tempranamente. Ahí se les imparten una serie de talleres gratuitos de baile, de computación, de música… En el fondo dejan de estar los muchachos en la calle.
Y esto es la zona más difícil. Yo estuve en la zona de Mejicanos, un barrio muy populoso que hasta hace poco estaba controlado plenamente por las maras. Y lo mismo en Soyapango. El Estado tiene que mejorar la habitabilidad. Una cosa que ha hecho el gobierno muy bien es que el centro de la capital que antes estaba lleno de toldos azules, de comercio informal, eso ya se acabó, se limpió. Entonces uno puede caminar por las calles. Uno lo ve, la gente está feliz. Ahora, por supuesto, hay quejas políticas y legítimas. Pero al presidente le fue muy bien en las elecciones, tiene una mayoría incontrarrestable en el Congreso.
-Llama la atención que usted tiene una mirada más pragmática de rescatar medidas de lo que se está aplicando allá, considerando que en su sector, el socialismo, consideran a Bukele como un mandatario populista y con prácticas autoritarias.
-Es que mira, yo me trato de sacar las etiquetas. Yo soy un realista. Y nuevamente en estos temas yo miro con mirada nacional. Y eso he aplicado en todos los cargos. Yo fui el primer subsecretario de Guerra socialista. Para demostrar que un socialista podía cumplir las tareas de la defensa nacional y superar las concepciones de la guerra fría. El principio básico, es que los salvadoreños estudiaron su realidad y reaccionaron frente a ella, con una decisión política muy clara.
-¿Y qué pasa en Chile?
-En Chile tenemos una gran erosión de seguridad, tenemos un fracaso material de orden interno, estamos llegando a niveles críticos. En el norte una frontera porosa, por donde ingresan contrabando, narcotráfico, inmigrantes ilegales. En el sur, en la Araucanía, brotes de rebelión y de insurgencia, estructuras radicales mapuches, que en particular atacan a la infraestructura de las forestales. Por tanto es un tema de seguridad, pero de orígenes y tratamiento distinto. Y finalmente, tenemos un incremento inusitado de la delincuencia en las grandes ciudades. ¿Qué tienen en común estos distintos focos de inseguridad? Que han logrado controlar una parte del territorio y el Estado debe recuperarlo mediante la estrategia de un copamiento territorial.
-¿Y lo estamos haciendo?
-La respuesta en la que está metida la élite política, el Congreso y el gobierno, es una respuesta legalista y casi burocrática, que es la protección de la infraestructura crítica. La infraestructura crítica es el conjunto de sistemas e instalaciones que permiten el normal desenvolvimiento de una sociedad y eso, obviamente, es un blanco en situaciones de guerra, pero yo me pregunto ¿alguien está atacando la infraestructura crítica? ¿Hay alguna de estas organizaciones atacando las centrales eléctricas, nuestras comunicaciones, nuestras centrales de agua? No. El debate es equivocado.
Creo que la estrategia para recuperar el control de los territorios debió haber sido el tema del Consejo de Seguridad Nacional que se convocó en febrero. Se llamó a las instituciones y no se les preguntó cuál era su apreciación de la situación, sino que se les preguntó sobre un trámite legislativo, qué pensaban de la ley de infraestructura crítica. Desaprovechamos esa oportunidad.
-¿Qué le parece que militares participen en labores de seguridad?
-Esta Ley de infraestructura crítica genera una situación muy rara porque faculta al Presidente, cualquiera sea, a usar las Fuerzas Armadas de tareas de orden Interior sin convocar estado de excepción. No están definidos los objetivos que uno quiere alcanzar con el empleo de la fuerza. Si voy a emplear a las fuerzas militares en medio de la población civil, es un problema. Los militares no están facultados para intervenir en asuntos internos. Entonces, llegado el caso, y ha pasado, patrullas que han intervenido y han terminado procesados y condenados. Entonces, obviamente hay un contrasentido. Se les da una misión, no se les aclara cuál es el objetivo, y a la hora de que hay bajas, tiene que responder como cualquier ciudadano. Para la delincuencia está la policía. No hay que inventar una suerte de estado de excepción light, que obliga al empleo de las fuerzas armadas, pero no se les dan resguardos jurídicos al personal
-La última discusión sobre las Reglas de Uso de la Fuerza RUF se entrampó cuando el gobierno presentó indicaciones para que se considere un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que haya niños, mujeres, diversidades sexuales, migrantes o indígenas ¿Qué le parece?
-Las indicaciones han sido bastante opinables, para decirlo diplomáticamente. Porque las normas tienen que ser muy precisas. No pueden tener rangos de ambigüedad. El Congreso me invitó a opinar sobre una primera versión y me recuerdo que en algún texto del mensaje se decía que en el caso de las Fuerzas Armadas harán uso preferente a su armamento no letal. Yo me preguntaba, ¿quién redactó esto? porque todo el armamento de las Fuerzas Armadas es letal. Lo redactó alguien que no sabe.
