Descoordinación entre Interior y Hacienda genera errores en pagos a pensionados de gracia del 18-O

El informe de Contraloría del 13 de diciembre advirtió que, a la deficiente asignación de las pensiones de gracia a víctimas no acreditadas como tales —y sin tener a la vista elementos como sus antecedentes penales—, se sumó las debilidades en los pagos a los casos ya otorgados. El organismo detectó que no había constancia de coordinaciones entre la Tesorería General de la República —dependiente del Ministerio de Hacienda— y el Departamento de Acción Social —de la Subsecretaría del Interior—. El detalle de las pensiones pagadas a condenados del 18-O al que accedió Ex-Ante mostró que, en un caso, Tesorería pagó retroactivamente $2,5 millones de una vez y que, en otros, adeudaban millones.

Qué observar. El 15 de enero, Gabriel Felipe Allende Torres, 27, recibió un depósito de $2.516.477 en su cuenta bancaria. La transferencia provenía de la Tesorería General de la República y era el pago retroactivo de su pensión de gracia como —consignó el decreto exento 3.555— persona afectada “en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”.

Su afectación provenía de los tiros de perdigón que recibió el 21 de octubre de 2019 en una protesta en Curacaví, al poniente de Santiago. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, estos le provocaron lesiones menos graves.
Por el caso hay un sargento de Carabineros formalizado por apremios ilegítimos.
Los tiros ocurrieron durante una protesta en que Allende Torres levantó barricadas y, cuando llegó Carabineros, arrojó una bomba molotov, consignó su condena a 3 años de cárcel por lanzamiento de artefacto incendiario. Su pena fue sustituida por libertad vigilada intensiva.
El decreto exento 1948 —firmado por la entonces ministra Izkia Siches de Interior y Mario Marcel de Hacienda— le otorgó una pensión de gracia de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales, la que fue aumentada a 1,5 con el decreto 3.555 firmado por los ministros Marcel y Carolina Tohá, que reemplazó a Siches.
El aumento de pensión ocurrió después de que el Presidente Gabriel Boric anunciara en su primera cuenta pública del 1 de junio de 2022 que “hemos presentado una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social, la cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia”.
“Durante el estallido social vivimos la peor crisis en materia de derechos humanos de los últimos 30 años”, dijo entonces el mandatario.
La respuesta entregada por Tesorería a una solicitud de información por Ley de Transparencia mostró que el organismo —dependiente del Ministerio de Hacienda—, depósito mensualmente a Allende Torres el equivalente a 0,7 ingresos mínimos remuneraciones, pese a que se había aumentado su pensión.
Esto fue corregido el 15 de enero, en que le pagaron retroactivamente la diferencia.
Esto no ha ocurrido en otros casos de condenados del 18-O, dejando a Tesorería con una deuda de millones en casos controvertidos, mientras La Moneda revisa en qué casos aplicar administrativamente la revocación.

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La descoordinación advertida por Contraloría. El informe de la Contraloría General de la República del 13 de diciembre pasado incluyó un apartado con las fallas que detectó en el pago de las pensiones de gracia que realiza Tesorería, advirtiendo sobre la falta de coordinación con el Departamento de Acción Social (DAS), dependiente de la Subsecretaría del Interior.

“El proceso de pago de las pensiones de gracia se encuentra a cargo de la Tesorería General de la República, TGR, instancia que se inicia con la presentación directa que realiza el beneficiario ante ese organismo del decreto que le otorga la pensión, sin que exista un mecanismo de verificación de autenticidad de tales actos administrativos por parte de la TGR y, sin que conste que se hayan realizado coordinaciones al respecto entre esa tesorería y el DAS, con el consiguiente riesgo de que puedan presentarse a cobro documentos adulterados y se paguen pensiones a personas a las cuales no se les ha otorgado pensión”, dijo.
El organismo ya había advertido deficiencias en el proceso de asignación de las pensiones tanto en el gobierno como en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Entre otros puntos, había cuestionado que no se tuviera a la vista los antecedentes penales de los postulantes.

El detalle de las platas de los otros condenados del 18-O. El 31 de enero Tesorería contestó a una solicitud de información vía Ley de Transparencia. La respuesta, enviada con copia la ministra Carolina Tohá, mostró al menos 3 casos de condenados del 18-O a quienes el organismo adeuda millones, debido a que no subieron los montos de sus depósitos cuando el gobierno les aumentó su pensión.

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Jonathan Parra Rebolledo: el gobierno le otorgó una pensión de gracia de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales, aumentada a 1,5 el 23 de febrero de 2023.

Dinero depositado a la fecha: $2.932.880, en 14 pagos.
Dinero adeudado: $2,5 millones, monto obtenido al calcular la diferencia no pagada tras su aumento.
Por qué está condenado: Fue sentenciado a 4 años de cárcel sustituidos por libertad vigilada intensiva por quemar una caseta de Carabineros en la Plaza de Armas de Talca, el 19 de octubre de 2019.
Por qué figura como víctima: El 20 de octubre de 2019 —consignó una querella del INDH— recibió en el marco de una protesta un perdigón en el hombro y otro en el tórax cuando se cayó el escudo que llevaba, el que estaba hecho con una tapa de basurero.

Andrés Fuica Fuica: el gobierno le otorgó una pensión de gracia 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales, aumentada a 1,7 el 22 de febrero de 2023.

Dinero depositado a la fecha: $2.932.880, en 14 pagos.
Dinero adeudado. Más de $3 millones, obtenidos al calcular la diferencia no pagada tras su reajuste.
Por qué está condenado: Fue sentenciado a 61 días de reclusión domiciliaria nocturna por robar un supermercado saqueado en Viña del Mar, el 22 de octubre de 2019.
Por qué figura como víctima: Un parte policial lo incluyó entre 15 personas presuntamente heridas a raíz de los perdigones disparados por funcionarios de Carabineros en los alrededores de la plaza Sucre de Viña del Mar, el mismo 22 de octubre de 2019. La sentencia por disparos injustificados de ese día no lo consideró entre las víctimas acreditadas.

Eliseo Carrera Espinoza: el gobierno le otorgó una pensión de gracia de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales, aumentados 1,5 el 23 de febrero de 2023.

Dinero depositado a la fecha: $5,449,358, en 18 pagos.
Dinero adeudado: los reajusten efectuados en estos meses dificultan calcular directamente lo adeudado en su caso.
Por qué está condenado: Fue sentenciado a una pena remitida por lanzar piedras contra un vehículo policial el 9 de diciembre de 2019 en Iquique.
Por qué figura como víctima: El 3 de enero de 2020 terminó durante una protesta en Iquique con una fractura expuesta de muñeca por el impacto de una bomba lacrimógena, consignó una querella del INDH.

Adán Castro Cifuentes: el gobierno le otorgó una pensión de 1 ingreso mínimo no remuneracional el 22 de febrero de 2023, que no ha sido reajustada.

Dinero depositado a la fecha: $3.145.595 en 9 pagos.
Dinero adeudado: dado que no tiene aumento de pensión, no tendría deudas de Tesorería.
Por qué está condenado: Fue sentenciado a 2 penas de 300 días de cárcel cada una, por 2 delitos de maltrato de obra a Carabineros causando lesiones menos graves, en contra de un cabo primero y de un sargento. La sentencia estableció que el 21 de octubre de 2019 golpeó en el rostro a un cabo primero, quien cayó al piso, durante un control policial en Villarrica. Luego pegó en el ojo a un sargento y pateó al primero en el cráneo, mientras estaba en el suelo.
Por qué figura como víctima: El INDH presentó una querella por torturas por la golpiza que recibió al ser aprehendido. La fiscalía formalizó por apremios ilegítimos a un sargento, pero el tribunal rechazó dejarlo con medidas cautelares.