Preocupación. A las 9 de la mañana del jueves 20 de abril, el Presidente Gabriel Boric comenzó su participación en Enade 2023 escuchando a Karen Thal (Icare) y luego a Ricardo Mewes (CPC). Más tarde, el Mandatario propuso “grandes acuerdos” con los empresarios para avanzar en la reactivación económica. A las 9 de la noche, en cadena nacional, el Presidente anunció la Estrategia Nacional del Litio y notificó que todos los nuevos emprendimientos que se hagan en la materia deberán tener el control mayoritario del Estado.
- Los máximos gremios empresariales daban por hecho que el Estado tendría un rol mayor en la estrategia, pero la sorpresa estuvo en el grado de participación: al menos el 51% de lo que venga, incluidas nuevas sociedades, joint ventures o derechamente prospecciones propias de Codelco y Enami.
- “Para proyectos de valor estratégicos del país, esta asociación deberá tener una participación mayoritaria del Estado”, dijo el Mandatario.
CPC. La Confederación de la Producción y del Comercio, encabezada por Ricardo Mewes, sostuvo:
- “Hemos ido perdiendo el liderazgo en la producción, lo que exige acciones urgentes que incluyan al sector privado, sobre todo en momentos en que las inversiones y el crecimiento económico están estancados”.
- “Por ello, nos sorprenden los anuncios del Gobierno, que relega a un segundo plano al sector privado, dejando al Estado como controlador en cualquier proyecto futuro que involucre al litio. No están dados los incentivos suficientes para que las empresas privadas inviertan en el desarrollo de la industria”.
- “Los anuncios del Presidente no se condicen con la necesaria confianza que la colaboración público-privada requiere entre los actores del Estado y del mundo empresarial, espíritu que creímos ver presente ayer [jueves] en Enade”.
Sofofa. La Sociedad de Fomento Fabril, donde está representada SQM, señaló:
- “Con preocupación y sorpresa recibimos el anuncio realizado anoche en relación a la política nacional del litio. En momentos que necesitamos reconstruir las confianzas entre todos los actores de la sociedad y especialmente entre el Estado y el sector privado y así fortalecer la cooperación público-privada para resolver los desafíos que tiene nuestro país, el gobierno propone relegar inexplicablemente a un segundo plano al sector privado en el desarrollo de la industria del litio”.
- “Menos aún se entiende esta propuesta, a menos de 12 horas de haber expresado la importancia del rol del sector privado en el desarrollo del país en la reciente Enade”.
- “Los roles del sector privado y del Estado son complementarios, tal como ocurre en la industria del cobre y otras, donde conviven Codelco y las empresas mineras privadas”.
Marcel. Para bajar la intensidad de las críticas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, apuntó dos ideas fuerza en una entrevista con La Segunda: 1) el Estado es dueño de los recursos desde hace décadas, por lo que no tiene sentido hablar de “nacionalización” (como publicaron algunos medios internacionales); y 2) “El Presidente dijo que la participación mayoritaria del Estado se aplicaría a los proyectos de mayor relevancia”.
Por qué importa. Tanto para el caso de SQM en las iniciativas que entren de ahora en adelante existen al menos impactos económicos y políticos de los anuncios presidenciales.
SQM:
La firma cuya propiedad mayoritaria la tiene Julio Ponce Lerou, y minoritaria de la china Tianqi, es actualmente la más valiosa del IPSA. El anuncio presidencial afectó con severidad su desempeño bursátil, con caídas de valor en torno al 18% tanto en sus transacciones en la Bolsa de Santiago como en sus papeles en Nueva York. El mercado observa que la minera tiene dos caminos centrales: esperar la extinción de su contrato con Corfo en 2030, lo cual implicaría su jibarización; o bien negociar en condiciones desventajosos con el Estado un ingreso a la propiedad, una nueva sociedad donde el Estado será controlador, o incluso que se ponga sobre la mesa la salida de Ponce Lerou como requisito para avanzar en las conversaciones. La incertidumbre de un eventual nuevo socio -controlador- que sea del Estado despierta inquietud, por el temor a que la firma “politice” sus decisiones comerciales y le haga perder valor. Desde el punto político, la sola posibilidad de que el Estado entre en “una sociedad” con Ponce Lerou genera resquemores en parlamentarios de izquierda. Ponce Lerou se transformó en un símbolo, sobre todo tras la investigación judicial de las denuncias de financiamiento irregular de la política. Otras voces comentan lo contrario: si el Estado entra a la propiedad, será un modo de “quitarle” el poder a Ponce Lerou.
Estado:
Una visión macro, que excede lo de SQM, apunta a que el rol del Estado podría complicar la eficiencia en los negocios, dado que sus objetivos son diferentes. En entrevista con radio Agricultura, Mewes lo resumió así: “Uno dice ‘bueno, si solamente el Estado requiere el capital de los privados y los privados no van a tener acceso a controlar’, ¿cómo se invierte?, ¿cómo se gasta ese capital? Porque no va a tener mayoría en los directorios, teniendo menos del 50% de la participación. Es un contrasentido […] no van a estar los incentivos colocados para que el sector privado realmente invierta en el litio”.
Pero hay un matiz, dado que la estrategia abre el campo a inversionistas extranjeros. Desde la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham) indicaron: “Rescatamos la convocatoria a realizar un esfuerzo conjunto, público y privado, para el desarrollo de una industria con un gran potencial de creación de valor compartido”.
“Estamos convencidos de que esta Política Nacional del Litio permitirá también fortalecer los profundos vínculos y valores que ya comparten Chile y Estados Unidos. Ello en función de que esta iniciativa posibilitará la llegada de nueva y mayor inversión estadounidense, la cual contribuirá al país en mayor sostenibilidad e innovación tecnológica. De esta forma, más allá de ser un socio comercial, Estados Unidos se consolidará como un socio estratégico en materias de relevancia nacional”.
2. Desde el punto de vista político, plantean en el Gobierno, era necesario expresar el peso del Estado en el futuro de la industria. No solo así estaba pensado desde el programa, sino que forma parte de los contenidos que Apruebo Dignidad, y en particular el PC, exigen en medio de las “cesiones” que cuestionan en otras áreas (seguridad, por ejemplo).
