Convenios en Los Lagos: qué dice la querella de la UDI en que piden levantar el secreto bancario de Patricio Vallespín (y cómo complica al gobernador ex DC)

Qué observar. Un grupo de representantes de la UDI en la Región de los Lagos —los diputados Fernando Bórquez y Daniel Lilayu, y los concejales Marcelo Salazar de Puerto Varas; Yerco Rodríguez de Puerto Montt y la independiente pro UDI Evelyn Bintrup de Llanquihue— interpuso este miércoles una querella en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt acusando presuntas ilegalidades en los convenios firmados por el gobierno regional (Gore) encabezado por el gobernador Patricio Vallespín.

• La acción penal fue presentada cuando el gobernador ex DC se encuentra al centro de las investigaciones por irregularidades administrativas. Esto, luego de que el viernes la Contraloría notificara al Gore de la apertura de un sumario por la entrega de recursos a un proyecto con la corporación El Canelo de Nos —por $647 millones— que estaba siendo revisado.
• A esto se suma que —según dio a conocer La Tercera— de los 34 convenios revisados por Contraloría, 29 arrojaron “reparos”, de los cuales 22 correspondían al gobierno regional de Los Lagos.
• Acerca de los motivos para realizar traspasos sin toma de razón de Contraloría, Vallespín dijo el lunes a T13 Radio que “eso es lo que estamos justamente precisando y aclarando con Contraloría regional, porque ese tema no estaba inicialmente en las observaciones, a pesar de que en uno de sus artículos decía expresamente que se procedía al traspaso como se había hecho en otras ocasiones”.
• Previamente, la fiscalía regional de Los Lagos había abierto en junio una investigación penal de oficio por eventual fraude al fisco por al menos 3 convenios suscritos por la gobernación.
• Vallespín también ha descartado que existan irregularidades en esta arista. A principios de julio llegó con cajas de documentos al Ministerio Público, con el propósito de justificar que los convenios estaban en orden.

Qué dice la querella de la UDI. La acción penal está presentada contra quienes resulten responsables de 3 delitos: malversación de caudales públicos, fraude al fisco y tráfico de influencias. En ésta se describen una serie de hechos, que serían constitutivos de delitos, asociados a 2 convenios. Estos son:

• Fundación Participa. La primera acusación apunta al convenio por $1.200 millones suscrito el 20 de abril con la fundación Participa, para “el saneamiento de títulos de dominio de familias vulnerables”.
• Lo anterior, pese a que el giro de la organización sin fines de lucro era “investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias”, consignó el escrito. Al ser fundada en 2017 lo hizo con el giro inicial de “actividades de otras asociaciones”.
• “Llama poderosamente la atención que el 22 de junio de 2023, (se) vuelve ampliar el giro de la fundación a ‘fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades culturales’, es decir, cuando ya el Ministerio Público investigaba el caso de Democracia Viva. Sin embargo, es necesario recalcar que la resolución que aprueba el convenio celebrado con el Gobierno Regional de los Lagos data de fecha 20 de abril de 2023”, escribieron.
• “(La) fundación es presidida por Daniel Ibáñez, quien fue candidato a Diputado por el PRO y que durante el primer proceso constituyente, trabajaron activamente por el Apruebo”, agrega el texto.
• Corporación Kimün. “Inició actividades el 30 de diciembre de 2019 (…). (Su giro) único a ese momento era: ‘fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades culturales’, no obstante, el 1 de diciembre de 2022 amplía su giro a: ‘actividades de consultoría de gestión’”.
• “La Gobernación Regional de Los Lagos entregó $1.200 millones para la ejecución de un programa, a 24 meses, de saneamiento de la tenencia de propiedad de pequeños y medianos agricultores de la región. No obstante, según lo que informó el propio Gobernador Regional, Patricio Vallespín, se puso término anticipado al convenio debido a serios incumplimientos, después de solo 6 meses de vigencia”.
• Las presuntas irregularidades denunciadas. “Las personas jurídicas que celebran los actos que se describen modifican los giros que declaran ante el Servicio de Impuestos Internos en fechas en que ya se han celebrado convenios o ad-portas de hacerlo”.
• “El patrimonio de las personas jurídicas no guarda ningún tipo de relación con la magnitud de las obligaciones que contrae con el Gobierno Regional de los Lagos, con lo cual cabe al menos cuestionarse la capacidad técnica y la conveniencia para el Estado de dichos convenios”.
• “Lo anterior, permite también cuestionar el cotejo que tuvo la autoridad al momento de convenir con las personas jurídicas en cuestión, toda vez que tampoco se da garantía relativa al hecho que se hayan rendido boletas de garantía, que el monto de éstas sea conforme a las obligaciones contraídas o que efectivamente existe la capacidad técnica para cumplir las obligaciones”.
• “Resulta también pertinente de investigar según el entender de esta parte, las razones que llevan a la autoridad determinar el objeto de ambos contratos, esto es, saneamiento de títulos de dominio, lo cual se entiende que es una función que debe realizar el Estado eminentemente”.

La petición de levantar el secreto bancario. En la querella se pide “ordenar el levantamiento del secreto bancario” del gobernador Vallespín, de la fundación Participa y de la Corporación Kimün.

• También se solicita que Vallespín sea citado a declarar, sin especificar si en calidad de testigo o de imputado.
• Además, se pide que sean citados a declarar el presidente de Participa Daniel Ibáñez y Diego Ancalao, ex precandidato presidencial de la Lista del Pueblo, que trabajó para la Corporación Kimün. La candidatura de Ancalao fue rechazada luego de que se descubriera que presentó firmas en el Servicio Electoral supuestamente autorizadas por un notario que ya había muerto.

Por qué importa. Vallespín es una figura histórica de la ex Concertación: fue intendente de esa misma región entre 2002 y 2004 y diputado entre 2006 y 2018.

• Las investigaciones de la fiscalía y Contraloría sumaron así a un reconocido un personero de la ex Concertación a la indagación ya abierta por los contratos por $426 millones suscritos en 2022 entre la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, que golpearon al Frente Amplio.