“El 8 de agosto de 2022, el entonces Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá, don Francisco Javier Martínez Segovia, autorizó el traspaso de $1.060.619.263 a la Fundación EnRed Social. Se trata de un total de siete resoluciones que aprobaban las transferencias en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por concepto de “habilitación primaria” y “diagnóstico territorial””, señala en su primer párrafo un oficio que envió el diputado José Miguel Castro (RN) al Fiscal de la Región de Tarapacá, Raúl Arancibia.
En el escrito, el parlamentario añade lo siguiente: “En atención a los montos de las transferencias, a la periodicidad con la que se realizaron, al giro de la Fundación EnRed y a los procedimientos administrativos que pesan sobre la misma en el marco de las transferencias del Programa de Asentamiento Precarios en otras regiones del país, creemos aconsejable se extienda la investigación que instruye esta Fiscalía Regional a las transferencias en favor de la Fundación EnRed, con el objeto de despejar cualquier duda acerca de la eventual comisión de delitos contra la probidad funcionaria”.
El parlamentario esgrime al menos 4 razones por las cuales debe abrirse una investigación contra la fundación, que en un solo día recibió traspasos por más de $1.000 millones que no fueron registrados por la Subsecretaría de Hacienda, tal como informó Ex-Ante.
- Forma parte de las fundaciones que están siendo indagadas por el Ministerio de Justicia, además de haber sido denunciada por los diputados de la bancada de RN a la Contraloría de Valparaíso.
- Posee una inscripción que data del 14 de septiembre de 2020, vale decir, opera hace menos de 3 años.
- EnRed Social recibe fondos públicos en el marco de un Programa del Ministerio de Vivienda destinado a la atención de necesidades en materia de vivienda, habitabilidad o urbanización, pero su giro declarado ante el SII da cuenta de actividades de un orden diferente. Su giro, según señala, apunta “asociaciones que promueven actividades culturales”, entre otras.
- El contrato de la fundación en la región de Valparaíso tuvo un término anticipado, incluyendo la exigencia de devolución de recursos, a partir de un eventual incumplimiento en la entrega de servicios.
“Hay, en la especie, un patrón muy similar a lo ocurrido en la Región de Antofagasta, con fundaciones como Democracia Viva y otras que dejan en evidencia como personas jurídicas de constitución reciente y con giros absolutamente ajenos a la naturaleza del trabajo encomendado por el Estado, se hacen de cuantiosos recursos fiscales en transferencias parcializadas que buscan evitar la toma razón y los mecanismos de control”, añade el diputado.
