Qué observar. Para este miércoles está programada la revisión de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. La autoridad de Revolución Democrática está cuestionada por la deserción escolar, los resultados del Simce y la violencia en los establecimientos educacionales.

  • Pero las críticas al ministro que se han llevado toda la atención de este juicio político, con un libelo acusatorio que contiene 7 capítulo, son dos: Por un lado, se cuestiona el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos luego de que el 17 de mayo se publicara una actualización al documento de “orientación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno”.
  • El segundo punto es una denuncia que realiza la oposición a través del libelo acusatorio de irregularidades por $112 mil millones en entrega de alimentos por parte de Junaeb.
  • La acusación es tema de preocupación en el Ejecutivo, toda vez que es el cuarto ministro sometido a un juicio político y podría ser el primero en caer. A eso se suma el momento político: Ávila es militante de RD, partido frenteamplista cuestionado por el escándalo de los convenios firmados entre el Estado y fundaciones. Por eso, reconocen fuentes de Palacio, el mismo Presidente Gabriel Boric está monitoreando el tema y se ha reunido con el entorno del ministro.

Diseño político. Han pasado 41 días desde que las diputadas del Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz, anunciaron la presentación de la acusación constitucional contra Ávila.

  • Pocos días después comenzó el trabajo coordinado entre el equipo del Mineduc y de la Segpres, encabezada por Elizalde.
  • Que los acusadores se hayan demorado exactamente 20 días en presentar el libelo acusatorio le permitió al Ejecutivo preparar una estrategia con los antecedentes que ya tenían a la vista.
  • La contestación de la defensa, explican fuentes de Gobierno, se realizó entre los equipos jurídicos de los ministros Ávila y Elizalde.
  • El documento de 218 páginas fue elaborado en conjunto y posteriormente se incorporó al abogado Francisco Cox.
  • Pero más allá de la contestación, en La Moneda están conscientes de que lo más relevante es lograr convencer los votos de quienes están “indecisos”.

Los votos clave. Si todos los parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano asisten, la acusación ya contaría con 62 votos favorables. A eso hay que sumar a las diputadas Concha y Muñoz. De ahí en adelante, los parlamentarios relevantes son 16.

1. Los votos DC. El Ejecutivo cuenta con sus votos, pero de todas formas están en permanente conversación con ellos. Ahí, lo relevante es el acuerdo administrativo que se votará el 24 de julio.

2. Los ex PDG. En La Moneda están dialogando con sus 3 diputados, Roberto Arroyo, Víctor Pino y Yovana Ahumada, pero creen que ninguno de ellos rechazará el libelo acusatorio, aunque apuntan a que al menos uno de ellos salga de la sala al momento de la votación.

3. El PDG y la CDU, la llave de la acusación. El comité más importante para el Gobierno es el que está integrado por los 4 diputados PDG y los 4 del CDU. En el caso de los militantes del partido de Franco Parisi, desde La Moneda dan por descontado el voto de Karen Medina porque firmó el líbelo acusatorio. De todas formas, mantienen conversaciones con ella para ver si la logran convencer. En paralelo están sus tres compañeros de colectividad: Francisco Pulgar, Gaspar Rivas y Rubén Oyarzo.

  • Elizalde se contactó con los diputados para reunirse la semana pasada, lo que no ocurrió, pero esperan que se de entre hoy y mañana. “Diversas son las presiones que hemos recibidos como diputados del PDG”, dice Oyarzo.
  • En el caso del CDU, compuesto por Érika Olivera, Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio, ya se emitió un informe por parte de la bancada para que se rechace la acusación. De todas formas, el Ejecutivo continúa las negociaciones con algunos de sus parlamentarios. Tal es el caso de Calisto quien le informó al Mineduc problemas de recursos en la U. de Aysén, zona que el representa en el Congreso, por lo que el voto del parlamentario está completamente entrelazado con la resolución de dicho conflicto.
  • El jueves pasado se reunieron en La Moneda Elizalde, Calisto y Pérez, y dentro de los temas conversados fue la acusación del ministro Ávila.

El factor Junaeb. Si hay un comentario que se repite en el Congreso es que de los 7 capítulos del libelo acusatorio, uno de los que más tiene peso es el sexto, relativo a la denuncia irregularidades en la entrega de alimentos.

  • Desde el jueves pasado, día en el que fue el ex director de la Junaeb, Cristóbal Acevedo, a la comisión revisora de la acusación, la oposición y el oficialismo se han enfrentado en declaraciones cruzadas.
  • Ese día, Acevedo denunció que a una empresa se le pagaron $3 mil 500 millones “en circunstancias que esa empresa solo entregó 30 de esas raciones” de alimentos. Esto último fue desmentido a través de un comunicado por parte de Junaeb.
  • Pero dentro de las denuncias que hizo Acevedo el pasado jueves hay, hasta ahora, un hecho del que pocos tienen dudas.
  • A mediados del año pasado, Junaeb cambió los porcentajes de pagos fijos a las empresas que ganan licitaciones para la entrega de raciones de alimentos, y pasaron de un 40% de pago fijo a un 60%.
  • Fuentes de Gobierno reconocen que esto es así y explicitan que esto se realizó porque las empresas pedían mayores certezas para tener dinero circulante y poder funcionar. Según explican, el punto era aumentar el pago fijo o incrementar el precio que paga la Junta Nacional por las raciones.
  • Este capítulo es clave sobre todo para parlamentarios indecisos, algunos de los cuales forman parte del PDG y o la CDU.

Conteo de votos. La votación en la Cámara de Diputadas y Diputados es de mayoría simple, es decir, de los presentes en el hemiciclo. El oficialismo cuenta con 66 votos, pero 3 de ellas no estarán: Catalina Pérez (RD), Danissa Astudillo (PS) y Gael Yeomans (CS). Por eso, si a los 63 restantes se suman los 5 DC, los 3 PDG y los 4 CDU, el Ejecutivo alcanzaría 75 votos a favor del ministro Ávila

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