Como un "fallo político" calificó el Presidente de Bolivia, Evo Morales, el emitido esta tarde por el tribunal de Garantía de Pozo Almonte. La jueza determinó que los dos militares y siete aduaneros serán expulsados del país en un plazo de 30 días, tras el pago de una multa de $32.176.272.

"Los nueve bolivianos son inocentes. El gobierno de Chile no pudo ocultar la verdad y tuvo que poner fin a la detención ilegal", manifestó Morales a través de su cuenta de Twitter. 

Junto con esto, Morales aseguró que los funcionarios "cumplían con su deber" y que durante el proceso se "demostró" que los camiones chilenos "llevaban contrabando".

Morales, además, acusó a la justicia chilena de "acatar" una "instrucción" del gobierno de Bachelet. Un punto que había sido planteado horas antes por el ministro de Defensa de ese país, Reymi Ferrerira: "Confirma que finalmente el órgano Judicial de Chile no podía desmentir a su Jefe de Estado. La Presidenta, antes de la presentación incluso a la audiencia cautelar de los nueve detenidos, calificó los delitos y era muy difícil que una juez vaya con una sentencia a desvirtuar la acusación hecha por la presidenta Michelle Bachelet”.

El fallo se conoció este miércoles luego que los funcionarios accedieran a un juicio abreviado. Durante el fallo, la jueza determinó que sólo se podían acreditar los tres ilícitos a los militares bolivianos Alex Carvajal y Carlos Calle, mientras que los aduaneros David Quenallata Laurel, Carl.Luis Guachalla Rada, Juan José Tórrez Gonzales, Ediberto Raúl Flores Mamani, Arsenio Choque Gonzales, Brian Leandro Quenallata Mendez y Diego Guzmán Vásquez fueron declarados culpables de robo con violencia y contrabando y eximidos del porte ilegal de armas.

La magistrada, leyó una a una la acusación y los hechos por los cuales se condenó a los ciudadanos bolivianos, accediendo a la solicitud de la fiscalía de condenar a 3 años y un día de cárcel por el delito de robo con violencia, y otros 3 años y un día a los militares por el porte ilegal de armas.

Sin embargo, la jueza acogió la solicitud de la defensa de sustituir la pena por la expulsión del país en el caso de ambos delitos, determinando que los siete aduaneros no podrán ingresar en 10 años a Chile por ser culpables del delito de robo con violencia, mientras que los dos militares no podrán hacerlo en 20 años, 10 años correspondientes al delito de robo con violencia y 10 por porte ilegal de armas.

En tanto, dentro de los cinco días siguientes, quedará ejecutoriada la sentencia y tras el pago de la multa correspondiente al delito de contrabando, comenzará a contar el plazo máximo de 30 días para la expulsión del país.

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