Con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto sobre eutanasia. Esto es, la posibilidad de discutir el tema y entrar en el análisis de su articulado.
A favor de la propuesta se mostraron los diputados Karol Cariola, Ricardo Celis, Miguel Crispi, Juan Luis Castro, Daniel Verdessi, Patricio Rosas, además de Vlado Mirosevic, impulsor del texto. A ellos se agregó el RN Jorge Durán. En contra votó Jaime Bellolio, Leopoldo Pérez, Sergio Gahona y Javier Macaya. Erika Olivera se abstuvo.
La discusión se realizó durante la tarde de este martes y contó con la participación de la presidenta de la Cámara, Maya Fernández.
Ahora la iniciativa continúa en la comisión para ser discutida en particular.
El proyecto, que se vio motivado por casos de chilenos que piden la eutanasia para poner fin a su sufrimiento por graves enfermedades, pretender realizar una serie de modificaciones a la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes de los pacientes.
La propuesta establece causales para acceder a la eutanasia, la que podrá ser solicitada únicamente por el paciente y no por su familia. Quienes podrían acceder a este mecanismo son personas en estado terminal o que sufran de alguna enfermedad o que tengan un sufrimiento "constante o insoportable" producto de una condición que no tiene cura.
Junto con esto, se exige que el paciente esté en pleno uso de sus facultades mentales, que sea mayor de edad, no haya recibido presiones y tenga el diagnóstico de al menos dos médicos sobre su condición.
La iniciativa también considera para aplicar la eutanasia un testamento donde se exprese esta voluntad en caso de que el paciente no puede expresar su deseo producto de la enfermedad. Eso sí, esto no sería válido para menores de edad.
La moción parlamentaria ha sido rechazada por el Gobierno, que ha enfatizado ser defensor de la vida.
El diputado Vlado Mirosevic, uno de los patrocinadores de la iniciativa, aseguró que la aprobación es un triunfo para quienes exigen el derecho de "morir con dignidad": "Estamos realmente contentos, felices de que en este proyecto se haya aprobado la idea de legislar. Este es un día histórico. Nunca antes en la historia republicana de esta cámara (baja) se había puesto si quiera en tabla un proyecto sobre eutanasia, menos se habría discutido y menos votar", dijo.
El panorama de la eutanasia en el mundo
En todo el mundo, solo cinco países tienen legalizada la eutanasia como tal, mientras que otros cuentan con la figura de suicidio asistido.
Holanda fue el primer estado en el mundo en legalizar la eutanasia "activa", como se denomina a la práctica de entregar fármacos para conseguir la muerte del paciente. La Ley fue aprobada por el Parlamento el año 2001 y entró en vigor el 2002, considera válida también la ayuda médica al suicidio.
Los requisitos para solicitarla son: consentimiento deliberado, que el afectado sea residente y que padezca dolores insoportables o una enfermedad sin cura. Además, antes de realizar cualquier cosa, los profesionales deben consultar a un segundo médico independiente que evalúe el caso. Contempla la objeción de conciencia.
El segundo país es Bélgica, que valida legalmente la eutanasia desde el año 2002. Esto permite que los adultos en situación incurable elijan poner fin a su vida, siempre que más de un médico certifique sufrimiento intolerable o enfermedad incurable.
En 2014 Bélgica amplió la ley sobre eutanasia vigente desde 2002 y se convirtió en el segundo país, después de Holanda, en despenalizar esa práctica médica en menores y el primero en hacerlo sin límites de edad.
El 2009 Luxemburgo se convirtió en el tercer país de la Unión Europea en legalizar esta práctica para lo que fue necesario modificar la Constitución a fin de reducir los poderes del jefe del Estado, el gran duque Enrique. La Ley sigue el ejemplo belga.
En latinoamérica, Colombia fue el primer país que introdujo a su constitución una ley de eutanasia y suicidio asistido, y el único en el mundo donde la medida es reconocida como un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional.
En 2015 se aprobó la regulación del procedimiento para aquellos pacientes con enfermedades terminales, mayores de edad y que hayan manifestado de forma verificable su voluntad de morir. A principios del 2018 se convirtió en el tercero en el mundo, después de Holanda y Bélgica, que regula esa práctica también entre los pacientes menores de edad que se rehusen a padecer los sufrimientos de una enfermedad terminal.
Otro país que se suma a la lista es Canadá, que legaliza la eutanasia desde el año 2016, luego de que el Tribunal Supremo dictaminara en 2015 que la normativa entonces existente, que penalizaba la muerte asistida, era anticonstitucional y le diera al Parlamento un año para redactar una nueva ley. Actualmente la legislación limita el acceso a los enfermos terminales o con dolor insoportable y mayores de 18 años.
En cambio, el suicidio asistido consiste en la ayuda o asistencia a otra persona que desea terminar con su existencia. Hay países que aprueban esta práctica, pero que prohíben de todas formas la eutanasia "activa".
Suiza es uno de ellos. La ley solo permite proporcionar medios para suicidarse y las razones para hacerlo no deben basarse en el interés propio como por alguna motivación egoísta, de tipo personal o económica. Si esto llegase a pasar, el responsable sería perseguido penalmente.
En Estados Unidos, los estados de Oregon, Washington, Montana, Vermont y California, siguen la misma práctica. Algunas legislaciones son más restrictivas que otras, pero todas consignan el procedimiento del suicidio asistido como legal ya que consideran que la auto-administración de dosis letales es un derecho de los enfermos terminales, no así la eutanasia activa.
El suicidio asistido también está permitido o no está penalizado en países como Albania, Japón, Corea del Sur o Alemania. Este último tiene un vacío legal que permite que asociaciones como Ayuda a Morir o la sección alemana de la suiza Dignitas faciliten medicamentos para morir a personas con enfermedades terminales o graves padecimientos, aunque son los propios afectados los que deben tomarlos. La normativa aprobada en 2015 establece penas de hasta tres años de prisión por ofrecer el suicidio en "términos comerciales".
