A pocos días del cambio de mando del 11 de marzo, el Presidente electo, Gabriel Boric, está tomando definiciones de cara a su llegada a La Moneda.
De esta forma, de acuerdo a lo revelado por La Tercera, el equipo del próximo mandatario se encontraría ajustando los detalles del instructivo que comenzará a operar cuando comience su administración y que regulará los sueldos y contrataciones en el sector público.
Dicho instructivo establece "reglas de austeridad, probidad y transparencia para la contratación de personal a honorarios (...). Es un primer paso dentro del compromiso más global que asumimos de diseñar e implementar un sistema de remuneraciones al interior de la Administración del Estado que permita disminuir las actuales brechas, estableciendo límites a las altas rentas”.
De este modo, desde el equipo de Boric se determinó que las ministras y ministros no paguen más de un 50% del sueldo bruto que corresponde al subsecretario de dicha cartera, en caso de contrataciones a honorarios o de asesores de exclusiva confianza y que “cuenten con título profesional o licenciatura de al menos ocho semestres".
A su vez, fija en un 65% el tope del sueldo cuando se trate de un funcionario con grado de magíster o doctor y/o una experiencia de a lo menos 15 años en el sector público o privado en su área.
Por otra parte, otro instructivo busca ampliar las restricciones para la contratación de parientes en la administración pública.
En este documento se indica que con la “enorme desconfianza en las instituciones que vivimos, es necesario no solo cumplir de forma estricta con la ley vigente, sino también prestar atención a los flancos que la normativa actual deja y prevenir eventuales riesgos que dañen aún más la confianza de las personas en el Estado”.
De esta forma, se impide “contratar a parientes en ciertos casos, cuando se trate de parientes de ministros o subsecretarios hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad, incluyendo a los convivientes civiles”.
Finalmente, este documento llama a los ministros a no contratar parientes de determinadas autoridades en reparticiones consideradas “estratégicas”.
