Esta es una historia larga. De discursos varios que querían cambiar la institución que protegía a los niños de Chile. Porque ya en 2011 había un proyecto concreto que buscaba eliminar el Sename para siempre. Porque todo el mundo político entendía, de alguna manera, que había desprotección. Así, durante estos nueve años han surgido ideas e iniciativas que se han entrampado, como si los niños pudieran seguir esperando.
Hoy son dos los proyectos que buscan dar un cierre final al actual Sename. Uno de reinserción social juvenil, el mismo que se presentó bajo la administración Bachelet, que deberá ser discutido en los próximos meses, y el de protección para niños vulnerados de sus derechos, que fue aprobado por la cámara en enero de 2019, y durante 15 meses estuvo en tramitación en el senado.
¿Por qué tanto tiempo? Ni diputados ni senadores tienen razones de peso que lo expliquen. La Cámara Alta en abril concertó las modificaciones, y la sala de la Cámara solicitó, la semana pasada, que ciertos artículos se votaran separadamente, ganando esa postura y no la de otros parlamentarios que querían revisar el proyecto completo.
Fue el diputado Matías Walker el que puso los temas complejos sobre la mesa, que se plasmaron en estos artículos que se verán mañana en la comisión, y que son temas que también preocupaban al interior de la Defensoría de la Niñez, los cuales quedaron plasmados en un documento que Patricia Muñoz, cabeza de la institución, envió el 4 de mayo pasado al Congreso, informe que llegó después de que el proyecto había sido despachado en la anterior instancia.
Allí volvía a poner el foco en que es el Estado el que debiera hacerse cargo de los niños, y no las instituciones privadas, algo que en todo caso finalmente quedó fuera del plan, porque “para que lo hiciera el estado, tendrían que contratarse unas 8.500 personas, lo que en números sería contratar a todo el MOP, y porque en el debate se consensuó con instituciones técnicas y de la sociedad civil, acordando que son los organismos privados los que seguirán a cargo, pero bajo varias condiciones”, explican en Palacio.
La controversia
La ley, según los diputados, debe volver a hacer explícita la creación de una Unidad de Fiscalización, que supervigile a todos las instituciones a cargo de los niños, directas e indirectas, además de establecer que cualquier de ellas donde haya existido abusos no podrá volver a trabajar con menores. Tampoco ninguno de sus directores, ejecutivos, o profesionales que estén condenados por abusos.
Todas las organizaciones colaboradoras deberán, además, participar en un proceso de acreditación, que era lo que solicitaban varios parlamentarios y, además, a los actuales funcionarios del Sename no se les asegura el traspaso al nuevo servicio: tendrán que participar de un proceso de postulación, para saber si son lo suficientemente competentes, entre algunas cosas.
Además se tiene que definir el objeto del nuevo servicio, que para los diputados debe no sólo velar por los derechos del niño, como quedó redactado en el Senado, sino que garantizarle sus derechos. “El propósito de la comisión mixta es reforzar el rol del Ministerio en regresar al objeto de la Cámara que define con claridad su propósito, el que se cumple mediante programas que entrega dicha oferta especializada para protegerlos, además de aumentar estándares de los organismos colaboradores, condiciones de financiamiento, y endurecimiento de sanciones”, dice Walker, quien se ha convertido junto a Ximena Rincón, en el Senado, como los intermediarios de la oposición con el gobierno.
El ministro Sebastián Sichel está alineado con las solicitudes de la Cámara. “Estoy disponible para patrocinar el proyecto con los requerimientos que ha manifestado el diputado Walker, pero esto requiere un acuerdo entre los diputados y senadores de oposición para agilizar la aprobación de un proyecto esencial para la protección de nuestros niños”, recalca el titular de Desarrollo Social.
Desde ayer la subsecretaria Carol Bown, dicen en La Moneda, se encuentra de lleno diseñando las indicaciones para aprobar un plan que ha concitado apoyo transversal, y que busca separar a los niños vulnerados de sus derechos, de quienes han cometido delitos, porque requieren cuidados distintos, profesionales distintos y tratamientos distintos, para lo cual la idea es separar esas dos funciones, que “buscan que esos niños además tengan mayor vinculación con sus familias”, asegura Walker.
En el proyecto se ha establecido un 40% más de recursos: pasar de $102 mil millones a $149 mil millones para programas ambulatorios, y para cuidados alternativos, o sea hogares y familias de acogida subirlo en un 82%, pasando de $54 mil millones a $99 mil millones, aunque varias autoridades aseguran que año a año habrá que presionar por más, en una iniciativa que deberá ser votada en la sala de la cámara y el senado, y luego pasar por el TC.
