El viernes pasado ya había dudas en la UDI en torno al anuncio que esa mañana hacía el diputado de RN Andrés Longton: presentar una acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, quien, en 2016, lideró una comisión que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, formalizado como autor del femicidio, violación e inhumación ilegal contra Ámbar Cornejo, de 16 años.
Este lunes, finalmente, la bancada de RN -junto a diputados de Evópoli- hizo oficial su apoyo a la acusación constitucional que presentarán contra la ministra en los próximos días.
Ese mismo día, sin embargo, la UDI decidió dar libertad de acción a sus diputados, pues había más de una visión al interior de la colectividad. La determinación fue tomada en una reunión de bancada que sostuvieron por la noche, a través de Zoom.
“La decisión de la bancada fue la libertad de acción. Entendiendo la sensibilidad extrema en este caso tan conmocionado, nos parece que esto podría abrir una caja de pandora para que el Parlamento se entrometiera en un poder independiente y eso me preocupa”, dice a T13.CL la jefa de los diputados UDI, María José Hoffmann.
Justamente en la cita del lunes quedaron de manifiesto dos visiones: no entrometerse en el poder judicial; y, por otro lado, diputados plantearon que se debe fiscalizar a los jueces.
Eso sí, la mayoría de la bancada estaría por no respaldar la acusación constitucional impulsada por sus pares.
Osvaldo Urrutia, del distrito 7 de Valparaíso -zona de donde es oriunda Ámbar Cornejo-, será quien liderará al grupo de su partido a favor de la acusación constitucional.
“Hay algunas visiones que dicen que no es conveniente inmiscuirse en las decisiones de otro poder del Estado, porque esto podría generar escalada mayor y que cualquier juez fuera acusado. Pero luego están los que, como yo, piensan que no estamos frente a una decisión jurídica sino que se trata de una medida de carácter administrativo, pues no se aplicó criterio jurídico; las personas ya estaban castigadas”, comenta a T3.CL el diputado Urrutia.
El parlamentario sostiene que “la jueza aplicó la ley apegada a su tenor literal sin considerar el espíritu de la ley y sin ponderar que las personas que estaban dejando en libertad eran un peligro para la sociedad”. Y remata: “Los jueces deben entender que los diputados estamos aplicando las normas que establece la Constitución”.
Según la información recabada por T13.CL, al menos tres diputados -de los 30 que integran la bancada- estarían por apoyar la acusación constitucional, como es el caso de Iván Norambuena y Gustavo Sanhueza. “Hay por lo menos cinco o seis diputados UDI que vamos a firmar la acusación constitucional”, añade Urrutia.
“Yo voy a apoyar la acusación constitucional”, dice, por su parte, Sanhueza a T13.CL, mientras Norambuena señala: “Con los antecedentes que hay, estoy inclinado para que esta acusación se presente sin ningún problema”.
¿Buscar otras sanciones?
El diputado Javier Macaya, en tanto, la noche del miércoles escribió en su cuenta de Twitter: “Independencia del poder judicial y separación de poderes implica que quienes hacemos las leyes, no podemos cuestionar al juez que las aplica, aunque no nos gusten sus decisiones. Acusación Constitucional es para casos graves de prevaricación y delitos cometidos por jueces”.
Su postura -como la manifestada a este medio por Hoffmann- da cuenta de la inclinación mayoritaria de la bancada.
En la discusión del lunes, asimismo, se abordó la “consecuencia” que debía tener el partido, pues en 2018 rechazaron la acusación constitucional impulsada por el Frente Amplio a tres jueces de la Corte Suprema.
En tanto, se fija un antecedente para el sector en torno al debate que se da sobre las libertades condicionales: en 2018, RN y la UDI recurrieron al Tribunal Constitucional justamente por el proyecto de ley que reformaba dicho sistema y que, finalmente, buscaba endurecer sus requisitos. En ese momento, el sector decía que la norma vulneraba los principios de “libertad de conciencia” e “igualdad ante la ley” suscritos en la Constitución.
“Estamos buscando fórmulas donde quede en evidencia el fracaso del garantismo de la jueza, pero sin entrometernos en un poder independiente”, agrega sobre el debate la diputada Hoffmann.
En 2019, la bancada propuso al ministro de Justicia, Hernán Larraín, con el fin de evitar “malas prácticas” en el poder judicial, establecer que la Academia Judicial detentara funciones de “carácter disciplinarias” y asumiera la dirección de la carrera judicial, a través de la evaluación de los jueces y del control del ascenso de los funcionarios en dicho estamento. Sin embargo, la idea no se concretó.
