"La gratuidad es un avance pero no cambia la lógica de financiamiento a la demanda en la educación superior".
Así reaccionó Educación 2020 luego de analizar los ejes de la reforma a la educación superior que ingresará hoy a la Cámara de Diputados.
Para la fundación resulta "imperativo" crear una nueva estructura de financiamiento, que combine aportes basales y variables para las instituciones, que considere resultados y una perspectiva territorial.
La gratuidad es un avance en el sentido que le entrega más recursos al sistema de educación superior, es un alivio para las familias que se ven beneficiadas, pero sigue manteniendo una lógica de financiamiento y de apoyo al estudiante, a la demanda
Mathias Gómez, investigador de política educativa de 2020 y encargado de los temas de educación superior explica a T13.cl la postura de la ONG, que entre 2010 y octubre de 2014 fue liderada por la hoy ministra de Educación, Adriana Delpiano.
"Lo que siempre hemos planteado es que lo que le hace falta al sistema de educación superior es avanzar hacia un sistema donde se le entreguen aportes o recursos a las instituciones de educación superior por lo que hacen, por las capacidades que tienen. Por ejemplo, recursos que estén destinados a investigación, a la extensión, a la vinculación que tengan las instituciones. Que no todo provenga sobre el número de estudiantes y por el arancel que están cobrando. Y esa discusión no está plasmada en el proyecto", explica.
Consultado si se debieran destinar fondos especiales para las universidades estatales, Gómez plantea que "el Estado, en primer lugar tiene que hacerse cargo de sus instituciones. Sus instituciones tienen una misión distinta, una misión eminentemente pública, y tienen que entregarle apoyo parta poder realizar eso".
"Sin perjuicio de eso, nosotros sí creemos que también se puede crear o constituir un régimen de lo público donde las instituciones privadas también puedan ser parte y puedan recibir esos recursos", advierte.
"Es una gratuidad que no tiene plazos"
Otro de los temas que ha generado discusión sobre el proyecto apunta a la fórmula en que el gobierno condicionó la ampliación de la gratuidad al cumplimiento de objetivos de carga tributaria, la que se medirá de acuerdo a la proporción de ingresos estructurales del Estado como porcentaje del PIB tendencial, que corresponde a la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo. Por ejemplo, para llegar al sexto decil en 2018 se deberá alcanzar un 23% (actualmente es un 21,5%). Para avanzar al 70% de menores ingresos se deberá llegar a un PIB tendencial al 23,5%. Para ver el detalle, ingresa a este enlace.
Lo que despierta preocupación es que los indicadores que se escogieron parecieran ser bastante difíciles como para su cumplimiento (...) Nos quedamos con una gratuidad que no tiene plazos
El investigador de Educación 2020 comparte el espíritu de la gradualidad, ya que "es importante entender que esta reforma a la educación está en el contexto de varias reformas, entonces es importante que la educación superior no se lleve todos los recursos que el sistema educativo necesita".
"Por ejemplo, se va a implementar una nueva carrera docente, vamos a estar en el desarrollo de la implementación de más horas no lectivas. Hay un montón de situaciones que hay que ponderar, y en ese sentido, nos parece bien que la gratuidad de alguna manera o los recursos que vayan a educación superior se vayan entregando de manera más gradual", señala.
Sin embargo, sostiene que "lo que despierta preocupación es que los indicadores que se escogieron parecieran ser bastante difíciles como para su cumplimiento".
"Efectivamente, nos quedamos con una gratuidad que no tiene plazos y que de alguna manera quizás podrían no concretarse en el corto y mediano plazo, y eso nos parece importante poder revisarlo bien", agrega.
Sanciones para el lucro
Por otro lado, el proyecto establece una serie de sanciones para quienes desvíen recursos destinados al financiamiento de la educación superior.
En la iniciativa, se establece que quienes desvíen recursos de una institución para fines distintos de los educacionales "el infractor estará obligado a devolver dichos recursos y pagar una multa del 50% de aquello que se apropió".
Y, en caso de no devolver dichos recursos a la institución, se configura el delito de apropiación indebida, pudiendo la pena llegar hasta 5 años de cárcel.
Consultado respecto de estas medidas, Gómez plantea que "lo que nos interesa es que haya una fiscalización efectiva al lucro. Hoy día el lucro está prohibido en las universidades, y la superintendencia de alguna manera entrega mejores herramientas para poder pesquisar este tipo de situaciones, también nos interesa que el lucro vaya en retirada en las instituciones técnicas, donde hoy está permitido".
"Creemos que es necesario que haya algún tipo de sanción para quienes infrinjan la ley en este sentido. No tenemos tan definido cuál debiera ser ese mecanismo concreto, pero sí creemos que tiene que ser un mecanismo que desincentive", agrega.
Este es el documento de Educación 2020
