Una carta abierta a Unicef, suscrita por 27 parlamentarios de diversas bancadas de oposición, ingresó este viernes la diputada PS Maya Fernández para solicitar la opinión del organismo internacional respecto al acuerdo suscrito entre el Servicio Nacional de Menores y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para intercambiar información de los menores a cargo del servicio.
Un convenio que ha generado rechazo de organismos como la Defensoría de la Niñez y el Instituto de Derechos Humanos, quienes han advertido eventuales vulneraciones de datos de menores cuya protección está a cargo del Estado.
En la misiva -que cuenta con la firma de, entre otros, Gabriel Boric, Camila Vallejo y Marcelo Día- se manifiesta que "todos los actores sociales relacionados al trabajo en infancia y derechos humanos, coinciden en que este convenio vulnera el derecho a la privacidad de los menores, transgrede garantías constitucionales, pudiendo incluso vulnerar la Convención Internacional de los Derechos del Niño".
Esto, agregan, además de "de estigmatizar y criminalizar a menores cuyas vidas ya han estado caracterizadas por el abuso y el abandono".
Los parlamentarios advierten su preocupación por la fecha en que se firmó el documento -en febrero de este año- de manera posterior a las masivas manifestaciones que se registraron en Chile y, donde se ha conocido, "muchos de los jóvenes que participaron precisamente provenían de los centros administrados por Sename, según informó esta institución a la Defensoría de la Niñez en Noviembre del año pasado".
"Acudimos a Unicef para que expresen su parecer sobre un convenio que expone de forma grave a niñas, niños y adolescentes que ya han sido vulnerados en sus experiencias de vida y que con este acuerdo los vuelve exponer ante labores de inteligencia que nada tienen que ver con el interés superior de los menores y que sólo los estigmatiza y criminaliza", expresó la diputada Fernández en la carta,
En medio de la controversia generada por el acuerdo entre la ANI y el Sename, este último organismo defendió el convenio señalando que el acuerdo les permite "garantizar confidencialidad y buen uso de los datos que se entreguen".
