Los diputados Gabriel Ascencio (DC) y Gabriel Silber (DC) acudieron ante la Contraloría para solicitar una fiscalización respecto a los dichos del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien acusó a candidatos presidenciales de oposición de incentivar a los hechos de violencia ocurridos en el marco del aniversario del 18 de octubre.
Galli afirmó que "los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile".
La autoridad de gobierno apuntó a "quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste. Quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric".
Las reacciones no se hicieron esperar luego de sus dichos. Ascencio y Silber ingresaron el oficio ante el organismo contralor argumentando que sus dichos "trasladan la responsabilidad del control del orden público a personas ajenas al Gobierno del que él forma parte, y en la que como Subsecretario de Estado del Ministerio del Interior tiene además una función esencial".
En esa línea, sostienen, que "lejos de dar respuesta a dichas inquietudes o dar cuenta a la ciudadanía por las acciones de Gobierno en el control del orden público, el Sr. Subsecretario manifiesta una opinión de carácter político".
"El Sr. Subsecretario en sus declaraciones, y en pleno periodo de campaña electoral, menciona directamente y culpa por situaciones que son de su propia responsabilidad a 2 candidatos presidenciales y a una candidata al parlamento, en lo que aparenta ser una acción destinada a disminuir el apoyo electoral sobre dichos candidatos, es decir, un intervencionismo electoral", concluyen.
