Una querella por injurias en contra de quienes resulten responsables interpuso la diputada UDI, María José Hoffman. La parlamentaria apunta a numerosos mensajes que entiende como hostigamiento y descrédito, difundidos a través de redes sociales.
“Efectivamente, he presentado una querella por ataques y por amenazas en redes sociales. He decidido sin embargo no referirme a ella para no entorpecer la investigación”, confirmó la parlamentaria a T13.
En el escrito, la diputada identifica una serie de cuentas en redes sociales y solicita a la Fiscalía que se investiguen quiénes están detrás, recabando antecedentes en la misma compañía que provee la plataforma digital.
En todo caso, la situación denunciada por la jefe da la bancada de diputados gremialista no es nueva. En el Congreso varios recuerdan las amenazas recibidas por el senador PPD Ricardo Lagos Weber, luego de que hiciera una propuesta sobre el pago de impuestos del retiro del 10% de las AFP. Durante ese mismo debate, enfrentaron situaciones similares también los diputados Matías Walker (DC) y Jaime Mulet (FRSV), ambios casos que están hoy en manos de la Fiscalía. También han enfrentado situaciones parecidas el senador Iván Moreira (UDI) y los diputados Diego Schalper (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli).
El fenómeno preocupa a las autoridades. De acuerdo al jefe de la brigada del Cibercrimen de la PDI, el subprefecto Luis Orellana, “desde enero a la fecha se han investigado 38 tipos de denuncias por amenaza a través de las redes sociales”, casos relacionados con autoridades. Y según la teniente Javiera García, del OS9 de Carabineros, “ha existido un aumento entre el año 2019 y el 2020 de un 20%” de este tipo de casos.
Las investigaciones, dicen en las policías, han mostrado avances. Según la PDI, hasta la fecha, 28 de estos casos han tenido resultado con personas imputadas.
“Lo que está detrás de una amenaza a una autoridad es inhibirlo en la toma de decisiones y eso es gravísimo”, dice el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
Para Hoffman, “estas nuevas formas de violencia no son legítimas y obviamente que dañan la democracia”.