El presidente del Senado, Patricio Walker, escribió en su columna semanal acerca de la problemática entre negocios y política, en medio de las investigaciones paralelas que realiza el Ministerio Público.
En esa línea, el legislador dijo que "en estos días en que todos piden mayor probidad, transparencia y austeridad, tenemos que dar el ejemplo".
"Por lo que solicitamos que las altas autoridades del Estado, ya sean senadores, diputados, ministros y subsecretarios, entre otras autoridades, no tengan reajuste como lo tiene el resto de los trabajadores públicos. A partir del próximo año, el reajuste debiera ser diferenciado", propuso.
Walker recalcó que "la develación de financiamiento irregular de campañas políticas, el cuestionamiento a negocios de familiares de altas autoridades públicas, el uso de información privilegiada y tráfico de influencias de parte de autoridades, ex autoridades o familiares de unos u otros; y el conjunto de actos y contratos en ciertas empresas privadas destinados a maximizar utilidades eludiendo (o incluso evadiendo) su responsabilidad tributaria han generado una fuerte mella en la confianza de la gente".
"Ahora es el momento de actuar, hacernos cargos de este clima de desconfianza y enfrentarlo con liderazgo y decisión", dijo en referencia a las 20 propuestas que el Senado aprobó
En este marco, planteó que "queremos que el gobierno le ponga urgencia a algunos proyectos de ley que están radicados en distintas comisiones del Senado, como por ejemplo el que establece la probidad de la función pública, que aumenta la declaración de intereses y patrimonio para autoridades que no tienen esa obligación".
"También queremos el pronto envío de un proyecto de ley que configure a los partidos como personas jurídicas de derecho público, donde se consagren los principios de probidad, publicidad, transparencia, acceso a la información pública, democracia interna, descentralización y participación".
A juicio del parlamentario, "necesitamos consignar un sistema de financiamiento público a los partidos políticos y a las campañas electorales de naturaleza público/privada, asegurando que todo ingreso que reciban los partidos y candidatos tenga un origen conocido".
"Es fundamental que la ley del lobby se aplique también a los partidos políticos, para conocer las reuniones de todas las autoridades y dirigentes políticos con grupos de interés o de presión, los viajes realizados y los donativos recibidos", agregó.
Añadió que "tenemos que establecer siempre la prohibición de postular a cargos de elección popular a personas condenadas por delitos que afecten a la probidad pública y fe pública, así como limitar el número de reelección de todas las autoridades, en todos los cargos de elección popular, impidiendo con ello la reelección indefinida".
"También hay que sancionar con la pérdida del escaño y la prohibición de postular a cargos de elección popular, a los parlamentarios, consejeros regionales, alcaldes y concejales que hayan sido condenados por sentencia penal firme por haber financiado su campaña electoral con aportes de terceros, obtenidos a través de actos fraudulentos que importen crimen o simple delito".
Finalmente, el parlamentario recalcó que "hoy en día tenemos más de 30 proyectos relacionados a probidad y transparencia. Si sólo dependemos de una o dos comisiones, se nos va a producir una recarga legislativa que va a impedir que saquemos rápido esos proyectos de ley. Para evitar aquello, creamos esta nueva comisión".
