El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, denunció ante la Controlaría General de la República a once municipalidades del país por eventuales irregularidades en la rendición de cuentas de una serie de convenios suscritos con la Fundación Daya, encabezada por la diputada de Acción Humanista Ana María Gazmuri.
La organización sin fines de lucro cuyo objetivo es aliviar el sufrimiento de las personas mediante terapias alternativas, principalmente con la utilización de cannabis, ofrecía un programa para el uso compasivo del aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes con patologías con dolor crónico a los municipios.
Según la acción presentada por el parlamentario republicano, los municipios de Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal transfirieron recursos a la fundación que representa legalmente la diputada Gazmuri.
Irarrázaval asegura que no hubo entrega de la contraprestación ofrecida e incluso, que muchas de ellas no tendrían rendición de cuentas de los dineros transferidos.
De acuerdo al escrito, hay cerca de 170 millones de pesos que aún no han sido acreditados por la Fundación Daya.
Acusan a la Fundación Daya de no cumplir con lo prometido
El diputado Irarrázaval aseguró que la Fundación Daya no cumplió con los municipios con lo prometido, y que tampoco hizo devolución de los recursos por este caso.
“Esta ONG recorrió Chile prometiendo tratamientos con las bondades de la marihuana. Decenas de municipalidades confiaron en ella, la financiaron con cientos de millones de pesos y no recibieron absolutamente nada a cambio. Sólo unas pocas recibieron rendiciones de esos recursos, y son francamente ridículas”, expresó Irarrázaval.
“Se gastaron en chocolates, carne molida, paseos a Viña, helados, papel higiénico, en estufas a leña para su sede en la región Metropolitana, e incluso, para pagar el internet de la casa de la diputada Gazmuri”, acusó el parlamentario.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el parlamentario, se detectaron irregularidades por parte de la Fundación Daya en la rendición de los dineros que fueron otorgados por los siguientes municipios: Tocopilla ($11.828.000), Arica ($17.642.750), Puerto Natales ($8.821.375), Graneros ($10.671.385), Chillán ($35.285.500), Quinta Normal ($11.828.000), Quilpué ($20.845.040), Quilicura ($35.285.500) y Peñalolén ($35.000.000).
En el caso de Copiapó, la municipalidad realizó dos pagos por $24.735.500 y $10.550.000, pero no existe constancia de que se haya rendido el segundo aporte y tampoco la entrega final del trabajo realizado.
En cambio, en la Municipalidad de Quilicura, los gastos rendidos corresponden a $35.158.672 y están relacionados con actividades previas a la suscripción del convenio, y no con boletas, facturas o documentos que digan relación con los gastos específicos incurridos durante su vigencia.
Respuesta de la diputada Gazmuri
La diputada Ana María Gazmuri respondió a las acusaciones del diputado Irarrázaval y aseguró que la fundación ha cumplido con los acuerdos y responsabilizó a algunos municipios de dar cumplimiento al programa que proponía la fundación.
“Fundación Daya destinó la totalidad de los recursos para ejecutar los objetivos del proyecto, y logró generar las condiciones para su consecución. Por ejemplo, los municipios de Chillán, Quilicura, Graneros y Antofagasta lograron activar las acciones necesarias que a cada municipio le correspondían para hacer llegar los tratamientos a los pacientes de su comuna”, explicó Gazmuri.
“Las rendiciones de cuenta se entregaron a todos los municipios participantes en diciembre de 2016 y solo la fundación recibió observaciones por parte de cuatro municipios, las que Fundación Daya ha subsanado en su totalidad”, añadió.
La diputada enfatizó en que hubo algunos municipios que, a pesar de haber suscrito un compromiso con la fundación, no impulsaron las ayudas, como la Municipalidad de Calera de Tango, y apuntó al propio diputado Irarrázaval, quien fue concejal de dicha comuna.
“Parece que lo único que se hizo humo fue el compromiso del diputado Irarrázaval, que cuando fue concejal de Calera de Tango no hizo nada por los pacientes que debieron haber recibido los tratamientos que fueron parte de este proyecto”, acusó la representante legal de la Fundación Daya.
“La falta de acción de algunos municipios ha impedido la concreción del proyecto a pesar de la insistencias de la fundación por cinco años para que así lo hicieran. Lamentamos, de verdad, que la falta de compromiso de algunos, como el propio diputado Irarrázaval cuando era concejal, haya dejado sin esta posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus vecinos”, insistió.
