Este viernes a las 9:30 continuará la discusión de las medidas cautelares para el senador desaforado Jaime Orpis, en el marco del Caso Corpesca.
La fiscalía, el CDE y el SII piden la prisión preventiva del parlamentario, quien es acusado de haber actuado como "representante" de los intereses de la pesquera, tras recibir pagos visados por el ex gerente de la firma, Francisco Mujica, quien se encuentra con la cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Según el Ministerio Público, Mujica habría utilizado a Orpis y a la ex diputada Marta Isasi como "emisarios" de sus intereses en la votación de la ley de pesca. Esta última quedó hoy con las mismas cautelares del ejecutivo.
Por primera vez desde que se inició la formalización del parlamentario -el martes pasado- que la defensa de Orpis entra al fondo de las imputaciones de cohecho. La semana pasada sus descargos habían estado orientados a que aún no se ejecutaba el cúmplase de la sentencia del desafuero, lo que obligó a postergar la audiencia para este jueves.
Sobre esta arista, la fiscalía sostiene que Orpis, en forma ininterrumpida entre marzo del año 2009 y abril del año 2013 recibió un total de $233 millones lo que arroja un promedio de pagos equivalente a $4,6 millones mensuales, "a cambio de que éste realizara determinadas acciones propias de su cargo en el Senado en favor de la empresa pagadora, o también otras con infracción a los deberes de su cargo". Incluso que habría recibido un "manual" de cómo votar.
Frente a ello, el abogado Sergio Rodríguez manifestó que "debemos ir más allá de lo meramente formal y la coincidencia de tiempo, debemos ver cómo actuó este supuesto empleado o representante en la norma".
"Sostenemos que no se configura el delito de cohecho porque falta la relación que tiene que existir entre el beneficio que habría recibido el senador y un acto propio de su cargo", agregó.
El defensor de Orpis acusó a la fiscalía de realizar "una lectura bastante simplista del tipo penal: 'Hay funcionario, hay dinero. Hay cohecho'.
Votó en contra de los intereses de Asipnor y Corpesca, conocidos por él, porque no vamos a negar que él conocía lo que pensaba Asipnor y Corpesca, pero votó en contra.
"No vamos a negar que se existen los aportes, eso no se ha puesto en duda, así lo reconoció el senador en su declaración, hidalgamente lo reconoció" dijo Rodríguez quien enfatizó que "no basta el beneficio" para acreditar cohecho.
Es así como sostuvo una serie de ejemplos en que el senador habría actuado contra los intereses de la pesquera. Uno de estos es las licitaciones a todo evento, la que Orpis habría votado a favor.
"A la industria le interesaba que ojalá que las licencias de pesca fueran indefinidas y que además no existiera ningún motivo de caducidad", dijo.
Rodríguez recordó que se trataba de una norma de quórum calificado, la que requería de 19 votos. "Quién fue el que dio el voto a favor del proyecto que venía del gobierno, de acuerdo a la recomendación del TDLC, ese voto número 19 fue el voto de Jaime Orpis, quien hoy está siendo acusado que la industria le pagaba precisamente por un acto que, como vemos, fue determinante, porque si él no votaba si el no votaba las licencias serían sin plazo y no habrían causales de caducidad".
Fue en este contexto que comparó el actuar de la ex diputada Marta Isasi, quien planteó en uno de sus correos su conformidad por el "gol" del no a las licitaciones en la Cámara.
Junto con esto planteó que Orpis votó a favor del alza de impuestos a la industria: "La empresa más afectada en todo el país por esta legislación va a ser Corpesca y la vota a favor. Vota en contra de claramente el interés que tenía la industria de pagar la menor cantidad impuestos posible. Nada de esto hemos escuchado de la fiscalía".
"El nunca procedió, salvo en la perforación de las 5 millas, de acuerdo a lo que pensaba Corpesca-Asipnor", senteció.
En cuanto a las imputaciones de la fiscalía de que Orpis no se habría inhabilitado para votar la ley de pesca debido a los aportes que recibía, Rodríguez planteó que esto procede cuando se trata de "un interés personal directo".
Respecto del requerimiento realizado a la Contraloría, el abogado afirmó que esto se realizó en su condición de ciudadano y no en el marco de las atribuciones de su cargo.
Lo que queda pendiente
Para este viernes quedará pendiente la argumentación respecto a las imputaciones de delitos tributarios, donde la fiscalía acusa que Orpis facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca.
El abogado de Orpis adelantó que buscarán acreditar la "falta de dolo de parte de nuestro representado para disminuir base imponible de Corpesca".
Otro tema pendiente apunta a la arista de Fraude al fisco, donde el Ministerio Público acusa a Orpis de utilizar fondos que le eran entregados para contratar personal a su cargo, "apropiándose indebidamente" de ellos a través de dos modalidades:
- "Abultar" honorarios de asesores: Según la fiscalía, el senador exigía que parte de estos dineros se le transfirieran a su cuenta. Dentro de este grupo se encuentra Bárbara Molina y Carolina Gazitúa
- "Simulación" de contratos: En este caso se menciona a la arquitecta Lorena Lara, ex nuera de la jefa de gabinete de Orpis, Viviana Quiroz. Según Lara, nunca trabajó para el senador.
La fiscalía cifra el monto defraudado en $153 millones.
Sobre este tema, el abogado sostuvo que "en realidad lo que hay acá son delitos de malversación de caudales públicos, y analizaremos la figura con el reintegro de los montos".
