Fue el 28 de abril de este año cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció un "proceso constituyente" para septiembre, el cual buscaría cambiar la Constitución del país que rige desde 1980.
La idea, no obstante, venía sonando fuerte desde antes. Fue una de las promesas (y pilares) de campaña de Bachelet, quien acogió la demanda de distintos actores sociales por cambiar la Constitución del país, aunque no quiso definir de partida un mecanismo para realizarlo.
“Hacer realidad las ilusiones, las esperanzas, los propósitos de la gran mayoría, requiere que llevemos a cabo transformaciones profundas en materia educacional, constitucional y tributaria”, manifestó la Mandataria al presentar el que sería su programa de gobierno en octubre de 2013.
“Las transformaciones que realizaremos son el inicio de un proyecto transformador de largo plazo que apunta a hacer los cambios necesarios al modelo de desarrollo que ha tenido nuestro país”, agregó.
Mayo de 2014
El 21 de mayo de 2014, en su primera cuenta pública, Bachelet anunció que el gobierno trabajaría “con participación social y diálogo político para dotarnos de una nueva Constitución que ponga en su centro a los Derechos Humanos, a la democracia y a la buena política como base del orden común ".
Asimismo, en aquella oportunidad aseguró que la nueva Carta Fundamental debía ser “capaz de proyectar a Chile mirando al futuro, preparándonos para los próximos 50 años de vida democrática”.
Agosto de 2014
El entonces ministro vocero de gobierno Álvaro Elizalde precisaba en agosto de 2014 que el debate por la nueva Constitución comenzaría este año. "Debemos avanzar de una democracia representativa a una democracia participativa", aseguró en la ocasión. Pese a ello, no había claridad hasta el momento de la fecha ni el mecanismo para la nueva constitución.
Diciembre de 2014
El tema sería uno de los puntos principales abordados por un cónclave del gobierno y la Nueva Mayoría a comienzos de diciembre de 2014. Tras ello, la Presidenta Bachelet confirmó que el proceso para dar inicio a la nueva Carta Magna sería "participativo, legítimo e institucional".
Desde la oposición criticaron duramente los anuncios, señalando que se trataba de un “verdadero disparate político”.
“Con la institucionalidad del país no se juega. No se puede estar anunciando en forma sistemática el cambio de las principales reglas del juego”, expresó el senador UDI Hernán Larraín. El diputado y presidente RN, Cristián Monckeberg, se sumó a las críticas de Larraín, aunque no descartó la posibilidad de diálogo para llegar a un acuerdo en el debate.
Por su parte, el senador DC Jorge Pizarro manifestó que el proceso “no tiene por qué ser de golpe, puede ser gradual. Esto es sólo una alternativa, aquí no hay nada cerrado". Asimismo, indicó que centrarse solo en la idea de una asamblea constituyente "es un error".
Marzo de 2015
El debate sobre el mecanismo a utilizar se intensificó. Mientras el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sugería que los cabildos ciudadanos podrían ser la mejor opción; otros proponían una discusión bicameral en el Congreso o la conformación de una instancia especial; el movimiento Marca AC, junto a otras organizaciones como la CUT, ANEF y familiares de Detenidos Desaparecidos, proponía una Asamblea Constituyente.
En marzo de 2015, diversas organizaciones realizaron un multitudinario "plebiscito simbólico" en la Plaza de la Constitución para promover este último mecanismo.
Abril de 2015
A fines de abril de 2015, a través de una cadena nacional, la Presidenta confirmó que el proceso iniciaría en septiembre y estaría abierto a la ciudadanía con debates, consultas y cabildos.
Eran varios los que exigían a la Jefa de Estado conocer cuál sería la forma en que se realizaría el cambio a la Carta Fundamental, incluso dentro de la Nueva Mayoría. Desde la DC, por ejemplo, pidieron que se precisara este detalle y recalcaron la necesidad de que la reforma constitucional se realice de una forma "institucional" a través del Congreso.
Mayo de 2015
El gobierno, en tanto, respondió a las dudas enfatizando que Bachelet sería quien definiría el mecanismo para cambiar la Constitución. “Es solo ella la que va a definir qué caminos vamos a adoptar frente a una decisión tan importante. Es ahí donde está radicada la decisión y no en otro lugar", afirmó el entonces ministro de la Segpres, Jorge Insunza.
El 21 de mayo de este año, la Presidenta Bachelet sostuvo en su discurso que el proceso constituyente "debe ocurrir en el contexto de un acuerdo político amplio".
"Necesitamos una nueva Constitución. La demanda ciudadana es clara y mi compromiso es firme", remarcó. Luego de ello, señaló que "Chile, por primera vez en su historia, tiene la oportunidad de construir una Constitución genuinamente republicana y soberana, que sea política y socialmente acordada, que refleje el país que somos hoy, maduro y democrático".
Septiembre de 2015
A través de un comité político de ministros, Michelle Bachelet citó en La Moneda una instancia para discutir el inicio y los contenidos del proceso constituyente. Esto, luego que los timoneles de la Nueva Mayoría plantearan a la Mandataria esperar unas semanas antes de realizar este anuncio.
Finalmente, el Ejecutivo decidió postergarlo ante el terremoto y tsunami que afectaron la región de Coquimbo, el fallo de la Corte Internacional de La Haya ante las objeciones preliminares de Chile, además de no alcanzar a escuchar todas las voces necesarias en este debate.
Octubre de 2015
El 13 de octubre, la Presidenta Bachelet anunció finalmente los detalles y el cronograma para el proceso constituyente:
Iniciará con un proceso denominado “educación cívica constitucional”, que comenzará en octubre de 2015 y durará hasta marzo de 2016.
Luego habrá diálogos ciudadanos entre marzo y octubre de 2016, con los que se elaborará un documento con las “bases ciudadanas”. Este texto dará forma al proyecto de reforma constitucional que será luego presentado en el Congreso.
Al Congreso se presentarán cuatro alternativas sobre el mecanismo de la nueva Constitución. De ellas, el Congreso deberá aprobar una, con un quórum mínimo de dos tercios de los parlamentarios.
Las opciones serán: Comisión Bicameral con diputados y senadores; Convención Constituyente, elegida también en el Congreso que incluya ciudadanos y legisladores; o bien una Asamblea Constituyente.
La cuarta alternativa es un Plebiscito, para que la ciudadanía decida entre las tres opciones anteriores.
El segundo semestre de 2017, la Presidenta enviará el proyecto definitivo al parlamento. Allí la discusión y posterior aprobación está pronosticada para 2018.
Una vez despachado del Congreso, se convocará a un plebiscito ciudadano para ratificar o rechazar la propuesta de Nueva Constitución.
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