Por Pablo Cádiz
Si bien no hay un plazo límite, dentro de una a dos semanas se espera que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas entregue su resolución frente a la solicitud de desafuero presentada el pasado 15 de mayo contra el senador independiente Carlos Bianchi.
El parlamentario fue formalizado el pasado 10 de marzo por fraude al fisco y negociación incompatible, a raíz de presuntas irregularidades en el arriendo de una sede en Punta Arenas a su suegra, y posteriormente a su cuñada, Victoria Retamales, quien se encuentra con arraigo nacional.
Este lunes, en una audiencia para discutir la petición de desafuero, el fiscal Juan Agustín Méndez aseguró que el valor o perjuicio causado asciende a $45.148.728, ya que se habría desembolsado un "sobreprecio" por el arriendo del inmueble, ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto 824-A, Punta Arenas. Según expuso, se trataba de un inmueble de 39 metros cuadrados, por el cual se desembolsaba una suma cercana a los $850 mil.
Junto con esto, la fiscalía acusa un "engaño" en la forma en que se presentó el contrato de arriendo, ya que habría sido falsificada la firma de la primera propietaria, Fresia Espinoza, suegra del senador, hoy fallecida. Según aseguró el persecutor, a partir de pericias se logró determinar que los documentos fueron suscritos por José Retamales, cuñado del parlamentario.
"Estamos conformes, tuvimos la oportunidad de exponer ante la ilustrísima corte los antecedentes por los cuales fundamentamos nuestra solicitud. Qué es lo que entendemos que corresponde hacer, señalar todos los antecedentes que hacen mérito de acuerdo a nuestra convicción para solicitar el desafuero", dijo el fiscal tras concluir la audiencia.
Senador arriesga penas de 4 y 5 años
Este sábado la fiscalía presentó las acusaciones contra los involucrados en el caso. Para Bianchi se pide 5 años y un día de cárcel por los delitos de fraude al fisco, y otros 4 por negociación incompatible. A esto se suma 10 años de inhabilidad para ejercer cargos o empleos públicos
En tanto, para Victoria Retamales se piden 3 años y un día y para José Retamales 541 días, detallaron fuentes del Ministerio Público.
Con todo, este proceso se encuentra suspendido, a la espera del pronunciamiento del tribunal de alzada frente la solicitud de desafuero.
"Se ha solicitado la suspensión del procedimiento a la espera del desafuero, no corresponde otra cosa que esperar el pronunciamiento de la Corte Apelaciones", enfatizó el fiscal Méndez al ser consultado por las penas solicitadas por el Ministerio Público.
¿Por qué se pide el desafuero?
Porque los diputados y senadores gozan de de un beneficio -llamado fuero- que implica que no pueden ser imputados o afectados de su libertad personal, sin que la Corte de Apelaciones respectiva haya declarado acoger la causa por la cual son imputados. La única excepción es que el legislador sea sorprendido en delito flagrante, donde puede ser detenido de inmediato.
Si Bianchi llega a ser desaforado, quedaría sujeto al juez competente como cualquier otro ciudadano. Sólo en ese caso, la fiscalía podrá formular cargos y luego los tribunales deberán determinar una eventual condena o absolución.
En cuanto a las repercusiones políticas del desafuero, el parlamentario quedaría inhabilitado de participar de sesiones y votaciones. Esto no es menor, ya que Bianchi ha sido considerado por años como un voto clave en el Senado.
Frente al escenario de un eventual desafuero, hoy el vicepresidente de la Cámara, el DC Patricio Vallespín dijo que esperan que se replique la fórmula utilizada con el diputado RN Rosauro Martínez, donde se resolvió la "suspensión de asignaciones".
Bianchi ha señalado que desconocía la normativa de arriendo del Senado, que prohíbe transacciones con familiares: "Nosotros hicimos la pregunta y si yo hubiese sabido que eso no se podía hacer, por supuesto que no lo hago", dijo el parlamentario tras la audiencia de formalización del pasado 10 de marzo.
