Convergencia Social (CS) calificó como "un grave error político que daña nuestro compromiso ético" el millonario convenio que se adjudicó la Fundación Democracia Viva, en la que figura la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade (RD), con el Ministerio de Vivienda (Minvu) en Antofagasta.
A través de una declaración pública, desde la tienda señalaron que "en el caso en cuestión, la diputada Catalina Pérez solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, para que esta determine si hubiera habido cualquier desapego a la ley; el Minvu decidió con rapidez realizar una investigación al respecto; las personas que suscribieron el respectivo convenio han sido desvinculadas del gobierno".
Y, siguiendo ese sentido, afirmaron que "ella misma ha calificado la situación como un grave error de criterio político y ha indicado que no incidió de forma alguna en el acto, lo cual deberá comprobarse en la investigación llevada adelante por las instituciones respectivas".
"Reconocemos en las acciones que ha tomado la Dirección Nacional de Revolución Democrática una actitud en la misma línea de transparencia y probidad, al solicitar al Tribunal Supremo del partido una medida cautelar para que las personas involucradas entreguen todos los antecedentes y les sea suspendida la militancia", indicaron desde Convergencia Social.
"A diferencia de otras fuerzas políticas que justifican actuaciones ilegales, sancionadas, algunas de ellas reiteradas e íntimamente relacionadas con sus propios partidos, para nosotras y nosotros el apego a la ley es lo mínimo a cumplir, y la conformidad de un acto con la normativa vigente no implica por sí sola un comportamiento adecuado para quienes cumplen funciones pública", cuestionaron en la tienda política del Presidente de la República, Gabriel Boric.
Y, a la vez, señalaron que "por ello consideramos que el convenio en cuestión constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse hasta el último detalle de las circunstancias que llevaron a que se suscribiera".
"Es necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas, a la vez que se aseguren condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más", añadieron desde Convergencia Social.
Y cerraron indicando que "presentamos nuestra conformidad con la decisión de la diputada Pérez de suspender su participación en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para que este conflicto no siguiera enturbiando las relaciones políticas en el Congreso Nacional y sirviendo de excusa a la oposición política para obstruir acuerdos en beneficio de la ciudadanía".
Cabe mencionar que, tras la polémica, la diputada Catalina Pérez decidió suspender su participación en la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados.
"Lo que hago por este acto es suspender inmediatamente mis actividades dentro de la mesa para presentar posteriormente, y según el trámite reglamentario correspondiente, la renuncia en la fecha que corresponde junto con el presidente de la Cámara", indicó.
Y Pérez agregó que "se me ha buscado acusar injustamente y relacionar una responsabilidad que yo no tengo por actos de terceros y no voy a permitir que el daño que a mi se me ha infringido se le infrinja también al oficialismo".
