El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, presentó, la tarde de este miércoles, ante la Cámara de Diputados la contestación a la acusación constitucional en su contra que impulsan las bancadas de la oposición, desde la DC al Frente Amplio.
En un escrito de 133 páginas desestima las imputaciones contenidas en el libelo que lo acusa de haber infringido la Consitución y las leyes, haber dejado éstas sin ejecución al "omitir adoptar medidas para detener violaciones a los DD.HH." y "haber comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación".
A través del documento, Chadwick asegura que "durante mi gestión como ministro del Interior y Seguridad Pública no infringí la Constitución ni las leyes en forma alguna, por acción ni omisión, ni tampoco vulneré el derecho a la vida, integridad física o psíquica, debido proceso legal, inviolabilidad del hogar y de la libertad personal de nuestros compatriotas. Durante el ejercicio de mi cargo, y muy especialmente entre los días 18 a 28 de octubre de 2019, observé una estricta sujeción a la Constitución y a las leyes, actuando dentro de mis competencias y facultades".
El ex ministro alude a que el libelo no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la Constitución para que se declare admisible. Sobre esto, argumenta que la ofensiva opositora no resguarda su derecho al debido proceso al, por ejemplo, fundarse en "imputaciones genéricas y en hechos no acreditados".
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Asimismo, solicita a la corporación que se declare como inadmisible la acusación al sustentarse en "hechos cometidos por terceros que son arbitrariamente imputados a este acusado" y, por último, por "cuestionar el mérito de la declaración del estado de emergencia, cuestión que no es atribución de esta honorable corporación".
Respecto del fondo de la acusación, Chadwick aborda ampliamente sus dos capítulos.
Sobre el primero de ellos, sostiene—entre otras cosas—que éste partiría de una "premisa equivocada" al sostener que durante la vigencia del estado de emergencia tuvo lugar una "violación sistemática de los derechos fundamentales". Elemento que—subraya el escrito—, es fundamental para la calificación jurídica de esos hechos.
"No puede sostenerse, con la liviandad que plantean los acusadores, que exista un patrón de comportamiento, que sea constitutivo de crímenes de lesa humanidad, y someter mis acciones al juicio y valoración de esta corporación por cuanto, como se ha expresado latamente, los hechos que se me imputan son hechos de terceros, en los cuales no he tenido ninguna participación directa y además, la imputación es falsa, ya que en el ejercicio de mi cargo jamás he instruido ni tolerado la afectación ni vulneración a derechos humanos de mis compatriotas. Todo lo contrario, y como reafirman mis reiteradas intervenciones públicas, siempre señalé a las policías que su accionar se debía realizar con apego a la ley y los protocolos de uso de la fuerza, y que su accionar durante el estado de emergencia debía realizarse con estricto apego y respecto a los derechos humanos", afirma.
Asimismo, el ex ministro asegura que, dado que las actuaciones operativas de las fuerzas de orden y seguridad exceden el ámbito de responsabilidad del Ministerio del Interior, sancionar a un ministro por infracciones o delitos cometidos por agentes policiales "resulta claramente contrario a derecho y a cualquier noción básica de justicia".
Y agrega que "los acusadores no podrán mencionar un solo caso en que mi intervención haya derivado en la actuación concreta de un policía que involucre la detención o lesión de alguna persona en el transcurso de una de las numerosas marchas autorizadas, y otras manifestaciones y concentraciones. Ello es así por cuanto jamás intervine personalmente para ordenar un hecho de esa naturaleza ni jamás lo haría".
Por otra parte, el ex secretario de Estado descarta que haya incurrido en las omisiones que se le imputan, argumentando que desde el inicio de la administración del Presidente Sebastián Piñera se tomaron medidas para fortalecer el control civil respecto de las policías y, asimismo, para reforzar el compromiso de esa institución con la protección de los derechos humanos. En ese sentido, se detalla que, de hecho, este año se habían actualizado los protocolos de actuación de Carabineros.
En esa línea, agrega que "se instruyó a las policías, y así se señaló también públicamente en múltiples oportunidades, que ante cualquier denuncia de abuso, exceso o delito, inmediatamente la institución debía abrir el respectivo sumario disciplinario y dar cuenta de ello al Ministerio Público, para que fueran investigados y sancionados, si así corresponde. El Estado Chileno, por sí mismo, es capaz de investigar y sancionar, si así corresponde, hechos que representen delitos o abusos".
En relación al segundo capítulo, la defensa de Chadwick desestima la ilegalidad que se alega en el libelo opositor respecto a una presunta omisión en la delegación de potestades presidenciales en los decretos de estado de emergencia a los Jefes de la Defensa Nacional y, asimismo, rechaza que estos últimos hayan aplicado atribuciones propias de un estado de sitio.
Por otro lado, el ex ministro es categórico en defender la decisión del Presidente Piñera de decretar estado de excepción. "Sin perjuicio de todo cuanto se ha señalado en este apartado, cabe destacar que la declaración del Estado de Emergencia por parte de S.E. el Presidente fue una decisión oportuna y proporcional a las circunstancias. En efecto, esta decisión fue motivada por un contexto de grave alteración del orden público, y en atención que constituye una función esencial e ineludible del Estado resguardar la seguridad de los ciudadanos y el orden público".
Así, el ex secretario de Estado solicita a la Cámara de Diputados desestimar en todos los capítulos la acusación constitucional en su contra, la que podría ser votada por la sala de la corporación el próximo jueves.
