91 figuras integrantes de la ex Concertación presentaron, este viernes, una carta en respuesta a la declaración de principios que firmaron 34 integrantes electos de la Convención Constitucional, en la que se pide libertad a las personas acusadas de cometer delitos en el marco del estallido social y a presos mapuche.
En la declaración pública a la que suscriben el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza, y los ex ministros Mariana Aylwin e Ignacio Walker (Democracia Cristiana), todos bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, llama a "levantar la voz en defensa de los acuerdos democráticos recientemente establecidos".
"La Constitución es un acuerdo de todos y para todos, por ello —como en tantas democracias avanzadas en el mundo— se estableció la necesidad de una mayoría más sólida para sus acuerdos, un quórum que obligue al debate, al intercambio de argumentos para la construcción de la casa común de los ciudadanos, sin importar ideologías, credos ni cualquier otra condición social, cultural o económica de quienes serán regidos por sus grandes principios y normas", dice la carta.
La misiva firmada por 34 constituyentes independientes, en su mayoría integrantes de La Lista del Pueblo, además de libertad a los “presos políticos” se pide que la Convención Constitucional no sea un proceso “bajo reglas inamovibles”, haciendo referencia al quórum de dos tercios (2/3) que se requiere para alcanzar acuerdos.
La carta de las ex figuras de la Concertación defienden el acuerdo del 15 de noviembre que se alcanzó en el Congreso y que permitió la elaboración de una nueva Constitución, asegurando que la ciudadanía aprobó este pacto cuando acudió a votar en el plebiscito del pasado 25 de octubre del 2020.
"Una parte minoritaria de los 155 constituyentes elegidos democráticamente, supuestamente investidos por algún otro tipo de soberanía popular, se pronuncia por el desconocimiento de las reglas convencionales acordadas y ratificadas por la más alta mayoría habida en democracia. Es un gesto que arriesga entrabar la puesta en marcha de la convención, socavando las bases y normas con las que fue convocada", aseguran.
Los ex representantes aseguran que existen “amenazas de movilización popular” y rechazaron supuestas “presiones sobre los constituyentes”, lo que según dicen arriesgaría “el ambiente de debate, de cordura y de acuerdos que allí debe reinar”.
Estas declaraciones sigue la misma línea crítica que tuvo el gobierno contra los firmantes de la declaración de principios que se hizo pública el martes, y también algunos sectores de la oposición.
